El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, ha evitado este miércoles cualquier motivo de roce con la Administración General del Estado. Si pide un marco de confinamiento domiciliario, ha dicho, lo hace "desde la lealtad institucional y con un compromiso de implicación absoluta", no para "alarmar ni adoptar decisiones desproporcionadas". Es más, "si el decreto del estado de alarma nos permitiese declararlo a nosotros ya lo habríamos hecho", ha dejado claro.

La falta de respuestas en forma de alternativas de la Delegación a la insistente reclamación de la Ciudad de inmuebles para trasladar a los 150 menores extranjeros no acompañados albergados actualmente en los precarios módulos prefabricados de Piniers (en los que pasar el invierno no parece factible en unas condiciones mínimas de dignidad) o a los adultos migrantes que se quedaron sin techo tras el cierre de la nave del Tarajal como albergue tampoco será motivo de trifulca política.

Hasta ahora la institución de la Plaza de los Reyes se ha limitado a decir que "apoyará" al Ejecutivo local en lo que encuentre y decida, pero ha descartado abrir el CETI (actualmente con unos 200 residentes, un 50% de su capacidad máxima operativa en pandemia) más allá de para marroquíes con petición de protección internacional.

"Nadie puede apuntarse tantos en una situación tan precaria en este ámbito, pero la respuesta de la Ciudad ha sido ejemplar excediendo nuestras competencias para atender a las personas sin techo que han surgido como consecuencia de la pandemia", ha advertido Vivas, que ha recordado que el esfuerzo económico realizado con mayores y adultos extranjeros sin techo ronda los 5 millones de euros.

El presidente ha defendido que "procuramos mantener esto en el ámbito del diálogo y la colaboración constructiva porque la ciudadanía no se merece, en este contexto de zozobra y calamidad sanitaria, que haya una colisión institucional". "No la vamos a propiciar, todo lo contrario, vamos a intentar evitarla y para eso hemos puesto hasta más recursos de los que desde un punto de vista debíamos aportar, pero sigo pensando que el asunto de la inmigración es competencia del Estado y que sus consecuencias deben ser atendidas por esa Administración", ha concluido.