La portavoz proponente, Fatima Hamed, a la que han respaldado todos los Grupos salvo Vox, ha instado a la Administración local a tomar nota de la normativa aprobada al otro lado del Estrecho con el fin de acabar por la incertidumbre que soportan los propietarios, en algunos casos desde hace décadas, de viviendas que siguen fuera de ordenación urbanística a la espera de que se apruebe el nuevo PGOU.
El camino emprendido por la Junta se dirige a los inmuebles construidos sin licencias urbanísticas, pero sobre la que no es posible adoptar medidas de protección de la legalidad urbanística ni de restablecimiento del orden jurídico perturbado. Si el procedimiento concluye satisfactoriamente se les da acceso a servicios básicos, se admiten las obras de conservación necesarias para el mantenimiento de las condiciones de seguridad y salubridad que garanticen su habitabilidad o uso y se les da acceso al Registro de la Propiedad.
El PSOE se ha alineado con la propuesta y Vox la ha rechazado porque “las viviendas ilegales provocan mercadeo y problemas de seguridad, incluso para los mismos residentes”. También por el “contraste” que se genera “con quienes esperan pacientemente una VPO o ayudas al alquiler o se sacrifican para pagar la compra o arrendamiento de una vivienda”.
“No queremos dejar a nadie en la calle, pero tampoco legitimar el atajo ilegal… ¿Vamos a legalizar la torre del Príncipe o la de Villajovita? ¿Cuántos mafiosos se beneficiarían de la aprobación de esta propuesta?”, ha preguntado Verdejo, a quien Hamed ha recordado después que dos de sus líderes nacionales, Rocío Monasterio e Iván Espinosa, acaban de ver legalizado un chalé “ilegal” de cuatro plantas en Madrid.
Ali ha reclamado “coherencia” a Vox y ha recordado a Verdejo que la Junta, con el apoyo de su partido, va a legalizar más de 300.000 viviendas. “Esto ya está previsto en la ley y aquí tenemos una coyuntura muy similar a la andaluza, con muchas casas afectadas por temas de Costas, de Carreteras o de terrenos de interés nacional”, ha advertido. .
Ramírez ha opinado que habrá que diferenciar entre las casas construidas antes de la entrada en vigor de nuevos planeamientos y aquellas levantadas vulnerando la normativa vigente. “Estamos para buscar soluciones y es evidente que existe un problema, pero ya se han iniciado gestiones a través de un grupo de trabajo con la Delegación para poner en común las problemáticas que afectan a las dos Administraciones”, ha destacado el consejero.
