Una semana después de la reunión del presidente Vivas con Pedro Sánchez en La Moncloa, de la que se derivó el compromiso del Estado de ayudar a Ceuta a salir de la crisis migratoria y política provocada por el proceso fallido de la devolución de menores, ambas administraciones estudian aún cómo llevarlo a cabo ahora, eso sí, ajustándose a la Ley de Extranjería, con exige la Justicia.

“Lo que se ha empezado a trabajar de manera inmediata y coordinada tras la reunión que mantuvo el presidente de la Ciudad con el presidente del Gobierno el pasado 25 de agosto es una especie de protocolo para poder atender en el menor tiempo posible los requerimientos que establece  el procedimiento de la Ley de Extranjería, se están definiendo todas las necesidades jurídicas y administrativas que establece la norma e incluso se está estudiando la posibilidad de que desde la Ciudad se adquiera una instalación para realizar este cometido”, ha explicado el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alberto Gaitán.

En ese protocolo se establecerán también las necesidades de personal y medios para poder agilizar el farragoso y complejo proceso, ha alegado Gaitán, que no ha precisado cifras para el refuerzo de personal. “Estamos esperando conocer que recursos se van a dar”, ha zanjado.