El portavoz del Ejecutivo, Guillermo Martínez, reconoció el miércoles en el Pleno de la Asamblea que existen 4 servicios que se están prestando a la Ciudad Autónoma sin que medie contrato alguno con las empresas que los proveen. Si bien, en todos los casos, el Gobierno ya ha puesto los medios para regularizar la situación y poner fin a esta práctica.

El reconocimiento llegó en una interpelación planteada al Gobierno por la coalición Caballas sobre la política de contratación.

La pelea no es nueva y está siendo uno de los caballos de batalla entre oposición y Gobierno en esta legislatura. Al fondo de la cuestión está la trasparencia en la gestión, puesta en cuestión por la oposición y en los antecedentes recientes están dos de los concursos sacados a licitación más extraños de los últimos tiempos: el del mantenimiento y entretenimiento del alumbrado público y el de la limpieza, este último ya resuelto de forma definitiva en favor de la UTE ACC-Lirola, después de varias vicisitudes y de una anulación de la primer concurso.

Ese proceder errático del Gobierno es el que criticó de nuevo el miércoles con dureza el diputado localista, Juan Luis Aróstegui durante su interpelación. Tildó la política del Gobierno en materia de contratación de "fundamentalmente opaca".

Aróstegui volvió a poner en cuestión que sea el Gobierno y no el Pleno de la Asamblea el que ejerza la competencia para resolver las adjudicaciones profundizando en el debate técnico. PAra el localista el proceder del Gobierno con las contrataciones "no es ni sano, ni democrático, ni justo, ni legal, aunque esto último", matizó, "es una opinión que no pretende ir más allá".

En su defensa, Martínez destacó que la oposición había sido invitada a participar en las deliberaciones privadas de la Mesa de Contratación, en la que toman parte los técnicos en este último concurso de la limpieza. Algo que evidencia para el portavoz del Ejecutivo la transparencia con la que actúa en este ámbito el Gobierno.

Si bien Caballas le reprochó al Ejecutivo que había incumplido por dos veces su compromiso de remitir a la oposición los pliegos de las licitaciones antes de su publicación. Y no con cualquier concurso: con el de la limpieza 300 millones en 20 años y con el del alumbrado público de un montante importante igualmente.

Así las cosas Martínez repasó los cuatro servicios que recibe la Ciudad Autónoma sin que medie contrato alguno.

El del mantenimiento y entretenimiento del alumbrado público y la red semafórica es el primero de ellos y Martínez anunció que previsiblemente la próxima semana se publicará un nuevo pliego de licitación en el que se separará el gasto en electricidad tal y como se recogía en el primer concurso anulado una vez abierto.

Del mismo modo se ultima el pliego para sacar a concurso la recogida de desechos animales no destinados al consumo, que en el primer concurso de limpieza viaria y recogida de basura estaba incluido y ahora se ha independizado.

Desde el pasado 15 de noviembre también se presta sin que medie contrato el servicio de descontaminación de vehículos. Martínez también anunció que se está ultimando el pliego del concurso y que en dos o tres meses se espera que pueda ser adjudicado.

Por último el 23 de este mes expiró el contrato para la recogida de perros sueltos en la calle y también se trabaja en el concurso.

Aróstegui reclamó al Gobierno mayor planificación para evitar estas situaciones y no acumular impagos por la inexistencia del contrato que acaban por repercutir en impagos a los trabajadores de las empresas que prestan esos servicios.

Martínez también destacó como compromiso con la transparencia del Gobierno que se ha dejado de realizar contratos menores con personas físicas o autónomos desde que se alcanzó ese compromiso con la oposición.

Sobre la fluidez de la información hacia la bancada de la oposición en los concursos defendida por Martínez, Aróstegui le respondió haciéndole ver que no se trata de que el Gobierno le haga un favor a la oposición. "Yo no tengo que mendigarle información sobre las contrataciones públicas, la transparencia no es un favor que nos haga o una limosna, es articular mecanismos para que podamos fiscalizar su labor", le explicó Aróstegui a Martínez.