La razón del desistimiento, explica Salcedo en su respuesta, es que la plantilla adscrita al servicio de la Biblioteca Pública “es suficiente para asumir los compromisos adquiridos con los convenios con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”. Recuerda además que desde el traslado del servicio a su nueva ubicación se ha ampliado el horario pasando de 39 a 65 horas semanales de apertura al público. No obstante, afirma, “se continúa desarrollando un proceso de mejora en materia de recursos humanos a fin de posibilitar la apertura del servicio un mayor número de horas”.
La intención de privatizar la gestión del servicio de biblioteca ya había sido objeto de denuncia por parte de la coalición Caballas quien en la sesión plenaria de enero ya alertó de que la ampliación del horario de biblioteca, los servicios de tanatorio, la atención a los menores en Punta Blanca o las actividades deportivas del ICD, eran ejemplos en los que se ponía de relieve esta “práctica ilegal cada vez más utilizada por el Gobierno” Una práctica que defendió la titular de la Consejería de Hacienda, Susana Román; “Eso es perfectamente legal, encaja con nuestra filosofía y vamos a seguir haciéndolo dentro de las normas legales”
Unas intenciones que también denunció el PSOE a través de su responsable del área de Política Autonómica del PSOE, Gonzalo Sanz, para quien “privatizar la biblioteca” era el último golpe de Vivas a los servicios públicos esenciales”.