Pasar más noches al raso en la Gran Vía como la de este viernes, cuando un grupo de unas veinte personas ha optado por esa medida de presión para intentar conseguir del Gobierno de Vivas una alternativa ocupacional tras ser desalojadas de las viviendas que habían asaltado en Huerta Téllez no va a servir de nada ante el Ejecutivo, que no solo no piensa ni recibir a los movilizados sino que mantiene su intención de utilizar todos los recursos a su alcance para acceder a la filiación de todos los okupas para quitarles cuantas ayudas estuvieran recibiendo.
"No les sacamos del sistema, son ellos los que decidieron salir asaltando casas", ha precisado el consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, sobre un colectivo que no incluye a "ninguna" persona o familia en situación de desamparo, según la resolución de Asuntos Sociales, al que el juez que ordenó el lanzamiento encargó expresamente certificar tal posibilidad.
"No está prevsta ningún reunión con los desalojados con pulcritud y de forma proporcional y limpia por la Policía según orden judicial", ha resumido el también portavoz gubernamental, que ha recordado que "gracias al esfuerzo de todos los ceutíes" actualmente en la ciudad "no hay nadie que carezca de un techo, mejor o peor según sus condciones particulares pero con acceso a ayudas sociales, al alquiler o al alojamiento alternativo si es preciso".
Con respecto a las cosecuencias que traerá la ocupación de Huerta Téllez para su protagonistas más allá de una posible condena de multa por usurpación, Hachuel ha explicado que actualmente las identidades de los okupas están en manos del Juzgado. "Intentaremos por todas las vías legales a nuestro alcance conocer quiénes decidieron hacer eso para actuar en consecuencia, siempre conforme a Derecho y analizando caso por caso", ha añadido el consejero, que ha recordado que entre los primeros 14 filiados por la Policía Local se encontró a dos beneficiarios de ayudas al alquiler y para la compra de electrodomésticos que se les han retirado.
"Las cosas que se leen en las Redes Sociales, que son lo que son pero a las que si se da crédito para unas cosas habrá que dárselo para todas, que se han vendido viviendas por entre 3.000 y 24.000 euros, que algunas personas han ocupado varias casas y que algunos okupas vinieron de Castillejos, solo exacerban el enfado de los ceutíes con derechos y necesidades", ha justificado el proceder del Gobierno