INSCRIPCIONES INDEBIDAS

La Ciudad prepara una Ordenanza para multar con hasta 3.000 euros a quien ampare empadronamientos falsos

La Ciudad prepara una Ordenanza para multar con hasta 3.000 euros a quien ampare empadronamientos falsos
Imagen de archivo.
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La norma que pretende implantar la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales prevé considerar “infracción leve” la instrucción de “al menos dos expedientes de baja por inscripción indebida por falta de veracidad en la acreditación de la vecindad en el domicilio” con multa de hasta 750 euros. Si los expedientes se elevan a tres o cuatro la sanción pecuniaria iría de 750,01 a 1.500 euros, y en el caso de llegar a cinco o más se dispararía a hasta 3.000 euros.

El Gobierno de la Ciudad está perfilando una nuevo Ordenanza Reguladora del Procedimiento Sancionador para los Incumplimientos de la Ciudadanía en relación a sus obligaciones con el Padrón que contemplará sanciones económicas de hasta 3.000 euros para quienes faciliten la inscripción indebida de personas como residentes en Ceuta.

Desde 2013, cuando el Ejecutivo local puso en marcha un plan de “inspecciones aleatorias” de los datos de residencia efectiva, hasta principios de 2019 se expulsó del Padrón o se negó la entrada en él a más de 12.000 personas. Solo el año pasado se tramitaron 5.873 expedientes para la revisión del Padrón y se propusieron 2.333 bajas.

La norma que pretende implantar la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales prevé considerar “infracción leve” la instrucción de “al menos dos expedientes de baja por inscripción indebida por falta de veracidad en la acreditación de la vecindad en el domicilio” con multa de hasta 750 euros. Si los expedientes se elevan a tres o cuatro la sanción pecuniaria iría de 750,01 a 1.500 euros, y en el caso de llegar a cinco o más se dispararía a hasta 3.000 euros.

Esta misma sanción se estipula para quienes tengan que hacer frente a una “detección de falsedad documental en la documentación aportada para el procedimiento de alta o cambio de domicilio”. El importe de las sanciones tiene como finalidad “que la comisión de las infracciones a que den lugar no resulte más beneficiosa al infractor que el cumplimiento de la normas infringida”.

Podrán ser sancionadas tanto personas físicas como jurídicas, así como “quienes presten su consentimiento en proceder al empadronamiento o cambio de domicilio a sabiendas de su falta de veracidad”. Cuando el cumplimiento de las obligaciones impuestas corresponda a varios conjuntamente, estos deberán responder “de forma solidaria”.

El “espíritu” de la Ordenanza pasa por fomentar “la corresponsabilidad ciudadana en materia de la dispensación de servicios públicos asistenciales o que conllevan un notable gasto  en su gestión pública y cuyos destinatarios son aquellos ciudadanos que gocen de vecindad administrativa en nuestra ciudad”.

Según el borrador, “la reiteración de conductas ilícitas, que dan lugar al disfrute de determinados derechos a terceros que sí estarían legitimados para ello podría conllevar implícita conductas tipificadas en el Código Penal tales como la de falsedad documental o la estafa”.

Hace ahora un año Mabel Deu anunció en el Pleno que el Gobierno pondría en marcha un protocolo para “denunciar ante la Fiscalía a los residentes que permitan empadronamientos irregulares en sus domicilios” por la comisión de un presunto delito de falsificación de documentos públicos que, según recordó, está penado en el artículo 392 del Código Penal con entre seis meses y tres años de prisión.

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