La condena por asesinato de un policía local abre el debate sobre la necesidad de reforzar los controles internos
La pena a 35 años y medio de prisión al agente y la responsabilidad civil subsidiaria de la Ciudad reabren el debate sobre los mecanismos de prevención en la Policía Local
El fallo dictado por la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta ha provocado una fuerte reacción institucional y social. La sentencia condena a un agente de la Policía Local a 35 años y medio de prisión por el asesinato de su pareja mientras se encontraba de servicio, además de declarar a la Ciudad Autónoma como responsable civil subsidiaria, lo que le obliga a asumir una indemnización de 875.000 euros. Un caso que ha conmocionado a la ciudadanía y que pone en tela de juicio los sistemas de control dentro del cuerpo policial.
Desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) se ha instado a la Ciudad a no recurrir la sentencia, asumiendo con ello una responsabilidad no solo económica y jurídica, sino también institucional y moral. La formación localista critica además que el Presupuesto de 2025 no contemplase ninguna partida destinada a sentencias judiciales, situaciones extraordinarias o contingencias, lo que obligó al Ejecutivo a introducir una enmienda al Primer Expediente de Modificación Presupuestaria para crear una dotación de 600.000 euros con este fin.
En su valoración, el MDyC subraya que este caso evidencia una “absoluta desidia” por parte de los mandos policiales y de los órganos competentes del Gobierno local, especialmente por la falta de control sobre el uso de armas reglamentarias y la escasa vigilancia sobre el estado psicológico y conductual de los agentes.
En las conclusiones de la sentencia también se destaca la “inexistencia de controles” sobre los miembros de la Policía Local en los últimos años, así como la ineficacia de los procedimientos actuales, ya que se basan en información aportada por los propios interesados, sin una validación objetiva externa.
Por todo ello, el MDyC reclama no solo el cumplimiento de la sentencia sin recurso, sino una revisión profunda y urgente de los protocolos de control y prevención. A su juicio, “la Ciudad debe reparar a una sociedad a la que se le ha fallado” y garantizar que tragedias como esta no vuelvan a repetirse mediante medidas reales y efectivas.