La iniciativa insta al Gobierno a "paralizar de manera inmediata las devoluciones en caliente en la frontera de Ceuta y Melilla, por considerar dichas prácticas no acordes a la Constitución y a los tratados internacionales firmados por España, tal y como han declarado el ACNUR y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre otros".

Todos los grupos de la oposición con la excepción de Ciudadanos han apoyado una proposición no de ley promovida por ERC y posteriormente pactada con el PSOE, que ha aclarado que no pretende una derogación total sino volver a la Ley socialista de 1992, conocida a su vez como 'Ley de patada en la puerta'.

El diputado del PSOE José Miguel Camacho ha denunciado que con esta Ley "se conculcan derechos fundamentales" y ha abogado por reformarla "para cambiar todos aquellos preceptos que ya recurrió el PSOE ante el Tribunal Constitucional”.Poco amntes, el promotor de la iniciativa, el diputado de ERC Gabriel Rufián, consideraba que esta ley "debería avergonzar” al PP pues a su entender es una de las "reformas más indignas y reaccionarias" del "rodillo absolutista del PP" y "hace bueno, con el permiso del inefable ministro Jorge Fernández Díaz, al ministro socialista Corcuera”, autor de la Ley anterior de 1992.

Al otro lado de la votación, Diego Clemente, de Ciudadanos, tachaba esta Ley de "desliz impositivo” que "impone limitaciones a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución". Ciudadanos apuesta por retocar la legislación pero sólo en el caso de los artículos más discutidos. Por su parte, la diputada Belén Hoyo, del PP, ha defendido una la ley que lleva en vigor casi un año “y no ha pasado nada, más allá de que la oposición haya intentado meter miedo a la gente” y ha acusado a la oposición de no querer defender las fronteras de España.