La consejera de Hacienda, Susana Román, de cuyo departamento depende el Área de Recursos Humanos, se ha comprometido a retirar el Decreto publicado el pasado martes en el BOCCE para regular el teletrabajo en la Admnistración local ante el rechazo a su contenido de las centrales sindicales representativias, que se reunirán con la miembro del Ejecutivo local el próximo 13 de enero para consensuar una norma.

El Gobierno local ha aprobado que puedan, con carácter voluntario, trabajar desde su casa aquellos empleados públicos “que de forma temporal sufran una alteración de la salud debidamente acreditada por informe médico expedido por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o que tengan reconocido por los servicios públicos de salud una incapacidad permanente” siempre que concurra “una imposibilidad física de acudir a su puesto de trabajo y cuente con la capacidad intelectual necesaria para la realización de su trabajo”.

Según han criticado fuentes sindicales en declaraciones a Ceutaldia.com, el Decreto no fue negociado con los sindicatos. En su contenido se estipula que para poder trabajar desde casa habría que encontrarse en situación administrativa de servicio activo; residir en Ceuta; no tener compatibilidad con trabajo o actividad; utilizar herramientas informáticas en el desarrollo habitual de las funciones o tareas del puesto de trabajo; recibir la autorización del Jefe de servicio o equivalente superior jerárquico; y desempeñar un puesto “que sea susceptible de ser desarrollado en la modalidad de trabajo no presencial”.

La Administración quedaba obligada a “proveer de los servicios técnicos adecuados” al teletrabajador para que pueda realizar el trabajo desde su domicilio, aunque “los medios técnicos necesarios para realizar el trabajo desde el domicilio como ordenador, línea ADSL, teléfono o similares” serán aportados por el empleado.

El Decreto de Román establece que sería obligatorio que, periódicamente, se efectúe una evaluación al teletrabajador y una final “que determine el grado de consecución de los objetivos marcados en el informe inicial”.

Los teletrabajadores no sufrirían “ninguna modificación” en sus retribuciones ni verán afectadas sus oportunidades de promoción profesional, formación, acción social “ni cualquier otro derecho reconocido a los empleados públicos”.

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