Los consejeros perderían hasta un 30% de sus retribuciones con la nueva Ley de Administración Local

Los consejeros perderían hasta un 30% de sus retribuciones con la nueva Ley de Administración Local
Imagen de archivo del Consejo de Gobierno.

- El Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de las entidades locales veta la percepción de dietas por asistencia a Plenos y Comisiones a quienes tengan dedicación exclusiva o parcial

- Las remuneraciones mensuales de los consejeros que no son funcionarios, como Martínez y Bel, rozan los 3.000 euros, aunque el presidente y quienes son empleados públicos perciben también sus complementos por residencia y antigüedad


El Anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que pasó el viernes por el Consejo de Ministros amenaza con dar un mordisco notable a las retribuciones mensuales de los miembros del Ejecutivo que preside Juan Vivas, cuyas complejas remuneraciones incluyen salario, complementos por antigüedad y residencia en el caso de los funcionarios y la controvertida dieta por asistencia a Pleno y Comisiones.

Ésta última, que por importe de aproximadamente 1.200 euros al mes cobran todos los diputados autonómicos, es la que deberían dejar de cobrar, si no cambia el articulado del Anteproyecto durante su tramitación, el equipo de Gobierno. Literalmente, la Disposición Adicional Tercera del texto establece que "sólo los miembros de la Corporación que no tengan dedicación exclusiva ni dedicación parcial percibirán asistencias por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la Corporación de que formen parte, en la cuantía señalada por el Pleno de la misma".

Su repercusión a nivel local ha sido analizada de la misma forma para Ceutaldia.com por un miembro del Ejecutivo ceutí y un diputado de la oposición: recorte inmediato de las remuneraciones del equipo de Gobierno, cuyos ingresos mensuales quedarían, en algunos casos, por debajo de los 2.000 euros. No obstante, desde el Ejecutivo se ha recordado que se trata de una versión de la norma "muy preliminar".

No todos correrían la misma suerte. Uno de esos acuerdos antiguos que algunos consejeros no son capaces de datar siquiera permite que existan considerables diferencias retributivas en el Consejo de Gobierno, donde no todos cobran por hacer, en teoría, el mismo trabajo.

Quienes son funcionarios, como el propio presidente Vivas, la consejera de Educación o Francisco Márquez, suman a su salario los complementos por trienios y residencia que percibirían en su puesto de trabajo como empleados públicos. Así, Deu eleva sus ingresos mensuales hasta rozar los 4.000 euros mientras que Bel y Martínez, dos no funcionarios, apenas superan los 3.000, según sus declaraciones de bienes publicadas el año pasado.

Como Deu, el ejemplo contrario lo encarna el congresista nacional: durante 2010, su último año como consejero de Hacienda, Márquez percibió algo más de 28.000 euros de sueldo, pero sumó más de 15.000 gracias a las dietas y otros 21.000 largos en concepto de trienios y residencia.

 

Un máximo del 75% del sueldo de un secretario de Estado

La polémica sobre lo que cobran los políticos ha ido generando cada vez un más evidente mohín de disgusto en el presidente Vivas, que considera este tipo de trifulcas demagógicas y dañinas para la clase política. El Anteproyecto le obligaría a recortar sus retribuciones, que actualmente superan al año los 80.000 euros, al establecer un límite para los alcaldes de poblaciones con entre 75.000 y 150.000 euros del 75% del salario de un secretario de Estado, unos 100.000 euros, "por todos los conceptos retributivos y asistencias".

El texto que ha pasado por el Consejo de Ministros establece en su Disposición Adicional decimocuarta que "la organización y funcionamiento de las instituciones de Gobierno de las Ciudades de Ceuta y Melilla" se adecuará a lo previsto en sus Estatutos "y a las normas de desarrollo que hayan sido dictadas en virtud de la potestad reglamentaria de sus respectivas Asambleas, en todo caso en el marco de la legislación estatal sobre régimen local".

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