El Consejo de Gobierno revisará a partir de ahora todos los contratos administrativos que el conjunto de la Administración local concierte con personas físicas para la externalización de la prestación de diferentes servicios deberán pasar por sus manos antes de ser aprobados, ya sea para su formalización inicial o para autorizar una prórroga.

Además de someterse a la consideración del Consejo de Gobierno, este tipo de contratos deberán contar también con un informe previo de la Intervención de la Ciudad que avale su firma. Según el portavoz gubernamental, Guillermo Martínez, con este “filtro adicional” el Ejecutivo “da cumplimiento al compromiso adquirido en el Pleno y a las reivindicaciones sindicales en este mismo sentido”.

De esta forma, la externalización de la prestación de servicios de pequeño o mediano tamaño y coste se equiparará, en lo que a control administrativo se refiere, al que se aplica a los mayores, que habitualmente se suscriben con personas jurídicas, esto es, empresas.

El consejero de Hacienda reconoció a finales del año pasado que Intervención no revisaba “la mayoría” de los contratos menores de la Ciudad, aquellos que no superan los 3.000 euros en términos generales y los 6.000 si su naturaleza es de obra, aunque dejó claro que “no se trata de una obligación legal”. “No se está incurriendo en ilegalidad alguna porque, inexcusablemente, se realiza una fiscalización previa al pago”, advirtió Martínez a la coalición Caballas cuando le interpeló por el asunto.

“Se trata de una práctica que todos coincidimos en que es conveniente abolir en la medida de lo posible”, argumentó ayer el portavoz, “y su paso por el Consejo de Gobierno permitirá una mejor coordinación de todos los recursos de la Ciudad Autónoma para que una Consejería o una empresa municipal puedan tener conocimiento de las necesidades y los medios disponibles en otros departamentos antes de encargar la realización de cualquier tarea a una persona física ajena a la Administración”. El Consejo de Gobierno ya tiene atribuidas, según las Bases de Ejecución del Presupuesto de este año, las competencias para la asignación de los créditos correspondientes a cada Consejería para la adquisición de material inventariable, para el reconocimiento extrajudicial de créditos, para la convalidación de gastos y para la autorización y disposición de los gastos plurianuales (en este último caso, por delegación del Pleno de la Asamblea).