“La apertura de este nuevo paso fronterizo ha generado un efecto llamada, de tal manera que las personas que a diario cruzan la línea con portes de mercancías han pasado de 4.000 a cerca de 10.000 en tan sólo 3 días, algo que puede agravarse de manera insostenible si tenemos en cuenta que la exención del visado para los residentes de Tetuan y Nador, entre otras cosas, ha generado que la población de Tetuan se incremente de 150.000 a la firma de los acuerdos de Régimen específicos de los tratados Shengen a un millón de habitantes en la actualidad”, explican subrayando que se trata de una “situación radicalmente opuesta a la protección de los Derechos Humanos, genera agolpamiento de personas, aplastamiento, situaciones de estrés, nerviosismo, tanto de las personas que cruzan la frontera, como del personal de seguridad, fundamentalmente policía local, así como momentos de riesgo para la salud de personas por las avalanchas (golpes, caídas, mareos...)”.
Según afirman desde CSIF, varias mujeres tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios, así como miembros de la policía local que estaban realizando labores fuera de su competencia en un entorno como el Tarajal II, “que no está preparado para que en él, se desarrolle su actividad con total seguridad y sin los medios ni los servicios mínimos necesarios para que la actividad que allí se desarrolla y la integridad de las personas que lo transitan, lo hagan con seguridad”.
Un contexto en el que, además, recuerdan, los propios empresarios de los polígonos del Tarajal han denunciado que detrás de las denominadas ‘naves consignas’ y del ‘comercio atípico’, que están colapsando el negocio transfronterizo, se esconden actividades de carácter ilegal.
Por eso CSIF quiere “levantar la voz de alarma antes de que tengamos que lamentar males mayores de riesgo vital y exige que ante todo, se protejan los Derechos Humanos de las personas y la seguridad de todos los colectivos que interactúen”. En este sentido, CSIF adelanta que va a llevar a cabo una serie de actuaciones de denuncia para que la sociedad conozca esta situación, así como contactos políticos y con la Administración para que pongan remedio con garantías humanitarias, medios materiales y refuerzo de personal.
Asimismo, CSIF reclama una valoración de riesgos laborales, un plan de evacuación,ante situaciones de riesgo y la supervisión y control tanto de lo entes gubernamentales nacionales como de la Unión Europea, ya que esta no es una frontera de Ceuta si no, una Frontera de la Unión Europea y así deberá ser tratada.
