Las declaraciones de la delegada del Gobierno dando por hecho que todos los niños marroquíes solos que permanecen en Ceuta desde mayo deben estar "en su país" como si no importase lo que concluyan los expedientes que ella debe instruir para esclarecer el interés superior de cada uno han causado este martes "escándalo" en distintas entidades y expertos en materia de Infancia.

Salvadora Mateos es la competente según la legislación para "llevar a cabo los trámites relativos a la repatriación de un menor extranjero no acompañado" y decidir "con objetividad y garantías" velando por su "interés superior" individual, pero parece tener emitido ya un veredicto colectivo.

Sin rubor, Mateos no sólo ha dicho que es conocida "su postura" sobre esos menores ("estos niños deben estar con sus familias o asistidos por una entidad que los tutele, igual que en Ceuta, pero en su país, y en ese sentido seguimos trabajando"), sino que ha intentado ridiculizar la paralización judicial de las expulsiones irregulares que acometió entre el 13 y el 16 de agosto por orden o 'ruego' de Interior como una cosa "de las ONG". "Que no les gustó... Pues que cada uno saque sus consecuencias”, ha deslizado.

La delegada parece al margen del reproche unánime que desde algunos ministerios hasta el Comité de los Derechos del Niño de la ONU pasando por el Defensor del Pueblo sin olvidar a la Fiscalía, la jueza que dictó por dos veces medidas cautelarísimas de paralización, expertos juristas nacionales e internaciones, el Área de Menores de la Ciudad, UNICEF y, sí, también, algunas ONG, han realizado al procedimiento.

Ajena a todo, se ha enrocado en su defensa numantina: "Contábamos con un acuerdo bilateral y con una entidad de protección en el país vecino para hacerse cargo de los niños si sus padres los rechazaban: prefiero no hablar del tema porque está judicializado, pero se había hablado y era el momento de empezar". Ella sigue trabajando, autos judiciales al margen, en conseguir que los menores vuelvan "a su país", lo que según distintas fuentes pone "evidentemente" en cuestión su capacidad para pronunciarse sobre el interés superior de cada niño con la debida imparcialidad.

Lo que dice la legislación que quiso eludir hace un mes es que debe resolver "de acuerdo con el principio de interés superior" de cada menor "sobre la repatriación del menor a su país de origen o donde se encuentren sus familiares o sobre su permanencia en España". "La desfachatez, la falta de conocimientos y la disposición de la delegada del Gobierno a seguir vulnerando derechos fundamentales la inacapacitan absolutamente", han alertado especialistas consultados por Ceutaldia.com que siguen todo lo acontecido desde la península desde mediados de agosto.

A expensas de cómo evolucione la causa principal en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, la abogada de Coordinadora de Barrios, Patricia Fernández, una de las que logró que la magistrada de guardia apoyase su petición de la suspensión de las devoluciones de agosto, ha alertado en una entrevista con elDiario.es de que el asunto podría acabar derivando en reproches penales "si, por doloso, porfían en vulnerar el derecho de esos niños a asistencia letrada o a tener un defensor judicial". "El Código Penal contempla el delito contra el ejercicio de los derechos fundamentales: también está ahí el de prevaricación, pero yo creo que habría incluso otro previo", ha alertado.

Según el procedimiento legal que los Gobiernos de España y Ceuta se han comprometido a aplicar una vez abortada por orden judicial la alternativa que habían pactado con Marruecos para regatearlo, la Delegación debe, antes de abrir cualquier expediente de repatriación, pedir al país vecino un informe sobre las circunstancias familiares y el entorno de cada niño (tras evitar durante una semana confirmarlo, la delegada ha reconocido que ni lo ha hecho ni sabe si el Reino alauita contestará) y otro igualmente individual al Área de Menores.

Sólo con ambos sobre la mesa procedería "acordar la incoación del procedimiento de repatriación del menor cuando, según las informaciones recibidas, se considere que el interés superior del menor se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen", algo sobre lo que Mateos ha dejado claro que no alberga dudas.