La Delegación no descarta sancionar a la UTE de la desaladora por su gestión de su seguridad privada


La Delegación no descarta sancionar a la UTE de la desaladora por su gestión de su seguridad privada

- La institución de la Plaza de los Reyes dice que ni se ha inhibido ni ha sido connivente con el reemplazo de vigilantes por otro personal

- Una vez recibido el informe requerido, la institución "ha adoptado una decisión respecto a posible incoación de un expediente sancionador", pero no aclara en qué sentido

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha negado rotundamente este martes que se haya inhibido o haya sido connivente con la UTE de la desaladora, formada por las empresas Ferrovial-Agroman-Cadagua, en relación con la sustitución de vigilantes de seguridad privada armados por personal no debidamente cualificado, según han denunciado UGT y CCOO durante las últimas semanas. Además, la institución de la Plaza de los Reyes ha abierto la puerta a la apertura de une expediente sancionador por tal proceder.

Según la institución que comanda Francisco Antonio González Pérez, ésta "está aplicando de manera estricta y determinante, como no puede ser de otra manera, los procedimientos que marca la Ley de Seguridad Privada, ya que una vez conocida la denuncia formulada por algunas centrales sindicales en relación a la situación de la seguridad en la desaladora, se solicitaron los informes pertinentes para constatar la veracidad de la denuncia formulada".

La Delegación ha querido dejar claro que "todos los procedimientos administrativos están sometidos a unos tiempos determinados, por lo que no se puede confundir deliberadamente inhibición de las obligaciones, ni pasividad, con cumplimiento de los plazos establecidos que la Administración debe acatar, que no tienen por que coincidir con los tiempos que determina el denunciante, ya que la seguridad jurídica debe prevalecer en todo momento".

La Administración ha alegado que "no puede adoptar resolución alguna sin antes haber recabado la información pertinente por conducto oficial sobre los hechos denunciados, con el objeto de tener un conocimiento exhaustivo de la situación para de este modo adoptar una decisión ajustada a Derecho" y ha afirmado que "una vez recibido este informe, ya se ha adoptado una decisión respecto a posible incoación de un expediente sancionador a la empresa".

"Esta incoación, en su caso", no ha aclarado la institución si lo incoará o no, "sería comunicada al denunciante de acuerdo con el artículo 11.2 del Real Decreto 1398/1993, que regula la referida notificación.

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