MENORES EXTRANJEROS

Deu busca consenso para repatriar, repartir a los niños migrantes por España o exigir compensación estatal

Deu busca consenso para repatriar, repartir a los niños migrantes por España o exigir compensación estatal
palomo deu menores
Deu, con la directora del Área de Menores, en una imagen de archivo con varios jóvenes migrantes solos.
La vicepresidenta Primera del Ejecutivo local propone al resto de partidos llegar a un acuerdo de petición al Gobierno central para que se haga cargo tanto de evitar su llegada como de reagrupar o, en último término, de “garantizar que el número máximo de menores no acompañados con estancia en Ceuta” esté “determinado por la capacidad de acogida de los recursos disponibles”.

La Vicepresidencia Primera del Gobierno de la Ciudad que lidera Mabel Deu ha remitido a la oposición un documento en el que aboga por implicar a todos los partidos en la exigencia al Estado de evitar la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA) a Ceuta. Si no es posible, lograr su reagrupamiento familiar en Marruecos. Si tampoco, repartirlos por el conjunto de España y si ni así, que se "compense" a la Administración local por la carga que asume.

La Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales propone, en primer lugar, reivindicar al Gobierno central que dote al puesto fronterizo del Tarajal "de mecanismos y recursos eficaces que impidan la entrada ilegal de adultos y menores procedentes de otros países a fin de que el control se efectúe en este punto y no en la zona del Puerto”.

También “hacer efectivo el Acuerdo Marco con el Reino de Marruecos” sobre cooperación en materia de prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su vuelta concertada, rubricado en Rabat el 6 de marzo de 2007, que prescribe un plazo de un mes desde la fecha de la entrada ilegal del niño a adolescente en territorio español para remitir al país vecino “toda la información pertinente”.

El Ejecutivo local considera que si no es posible “que se pongan los medios necesarios para que no lleguen a Ceuta menores extranjeros no acompañados” o para que los que lleguen de manera irregular “sean retornados al amparo de los convenios al respecto suscritos con el vecino país"

Desde febrero se ha remitido a la Delegación del Gobierno la reseña de 261 menores extranjeros no acompañados que han sido identificados por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al objeto de dar cumplimiento al mencionado Acuerdo “sin que se haya obtenido ningún avance o noticia relativo a la reagrupación de los menores afectos”.

El Ejecutivo local considera que si no es posible “que se pongan los medios necesarios para que no lleguen a Ceuta menores extranjeros no acompañados” o para que los que lleguen de manera irregular “sean retornados al amparo de los convenios al respecto suscritos con el vecino país, y con la finalidad de favorecer su reagrupamiento familiar”, es preciso “que, tratándose de un asunto de inmigración, sea la Administración General del Estado quien se haga cargo del mismo”.

Esa reivindicación persigue precisamente que sea el Gobierno central el que se haga cargo de evitar su llegada, de reagrupar o, en último término, de “garantizar que el número máximo de menores no acompañados con estancia en Ceuta” esté “determinado por la capacidad de acogida de los recursos disponibles”. La Ciudad Autónoma también aspira a que el Estado, en último término, “compense económicamente a la Administración autonómica de manera justa y suficiente por la carga extraordinaria que se está soportando”.

Según los cálculos de la Ciudad, desde marzo ha desembolsado casi 2,3 millones de euros para sostener como albergue temporal el polideportivo ‘Santa Amelia’ y la inversión, alquiler y mantenimiento de Piniers

Según los cálculos del Gobierno de Ceuta, solo desde mediados de marzo, cuando se declaró el estado de alarma, hasta finales de agosto la Ciudad ha desembolsado casi 2,3 millones de euros para sostener como albergue temporal el polideportivo ‘Santa Amelia’ (casi 390.000 euros entre marzo y junio) y la inversión, alquiler y mantenimiento de Piniers (cerca de 1,9 millones). En los dos últimos meses han seguido arribando “de forma irregular”, de acuerdo con las cifras de la Ciudad, personas procedentes de Marruecos, entre ellos 30 menores, “que pertenecen a una población especialmente vulnerable y suponen un riesgo para la aparición de brotes por casos importados”.

Para el Ejecutivo de Vivas está claro que “la dimensión del problema de estos menores que emigran a nuestro país excede del campo de nuestras propias fronteras y necesita de la colaboración, coordinación y cooperación, tanto a nivel nacional, como en el seno de la Unión Europea, que dispone de una competencia compartida para desarrollar una política común de inmigración”.

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