El testimonio de la vicepresidenta del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu, apunta a Madrid, al igual que ya hiciera la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, en la fase previa de la investigación sobre las devoluciones irregulares de menores marroquíes en verano de 2021. Así lo ha afirmado el abogado de la Red Española de Emigración Rafael Escudero, al termino de la testifical de Deu, que ha declinado hacer declaraciones a los medios a su salida del juzgado.

Mabel Deu, que ha llegado acompañada por el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, y por su equipo en la Consejería de Presidencia, solo ha admitido preguntas de la Fiscalía y de la jueza, pero no de la acusación particular. La vicepresidenta, como ya hiciera Mateos --siempre según la versión de la acusación particular-- habría señalado directamente a varios Ministerios implicados en el proceso por lo que la acusación ha solicitado incluir esos testimonios en la causa y abrir el abanico de responsabilidades, que, de momento, solo salpica a la vicepresidenta del Gobierno de Vivas, Mabel Deu, y a la delegada Salvadora Mateos. 

“Eso es algo que deberá probarse al término del procedimiento judicial y corresponde a su Señoría decidirlo, pero, evidentemente, sostenemos una presunción clara: nadie se cree que se activan tratados internacionales sin que actúen los Ministerios correspondientes. La señora delegada del Gobierno, me ciño a sus palabras en las testificales que hizo ante la Fiscalía en la fase previa, dejó claro que ella ha contactado con varios Ministerios, que se hizo en coordinación. Y ahondó en ello la vicepresidenta, que debo recordar que acudió ante la Fiscalía en condición de testigo y por lo tanto no puede mentir, a diferencia de un investigado no puede variar un testimonio. Damos por tanto veracidad a las declaraciones de la delegada y de la señora vicepresidenta. Es evidente, lo han dicho ellas, hubo implicados Ministerios, varios, y cargos del Gobierno, como lo es la delegada del Gobierno, insisto”.

Los mensajes entre la Ciudad y el Ministerio 

“Dado que la señora vicepresidenta ha puesto a disposición de la sala y de la jueza los mensajes que tenía, ha señalado cuatro ministerios, ha identificado enlaces desde la Vicepresidencia del Gobierno, ocupada entonces por la señora Calvo y otra serie de cargos del Gobierno, desde la acusación popular pediremos una ampliación de los elementos probatorios, tanto documentales como testificales, para que las personas señaladas por la vicepresidenta comparezcan como testigos, si así lo estimase la Sala, para que se amplíen las diligencias y los elementos documentales se incorporen incluyendo expresamente las conversaciones que ha puesto en disposición del Juzgado con cargos, parece ser según ella, del Gobierno de España. Mensajes que también señalaba la delegada del Gobierno, que también mencionaba conversaciones y envío de listados de menores a través de WhatsApp. Espero que sigamos en un Estado de derecho y no acabemos en un Estado telemático en el que las expulsiones se hagan con ‘emojis’ y quizá se firmen con un ‘smiley’. Esperemos que las cosas se hagan como se tiene que hacer”, ha ironizado el abogado de la acusación popular.

La ampliación de las testificales que va solicitar la acusación popular implicaría, por ejemplo, a la ex ministra Carmen Calvo y a parte de su equipo, entre ellas su jefa de Gabinete, Maria Isabel Valldecabres. “No somos nosotros los que señalamos a la señora Valdecabres, que según la testifical hecha hoy por la vicepresidenta era su enlace con el Gobierno de España . Así lo ha afirmado en sede judicial por dos ocasiones. No señalamos ningún Ministerio, es la vicepresidenta de la Ciudad Autónoma quien dice que aquí ‘todo lo autorizaba Madrid’, palabras textuales”.

La Ciudad señala al Fiscal

Una declaración que Mabel Deu ha vuelto a realizar ante el juez en su citación como implicada. “Aunque esta vez ha alegado que la Fiscalía poco menos que la coaccionó”, ha reprochado la acusación particular. “Parece complicado que desde de la Vicepresidencia de un Gobierno de una Ciudad Autónoma se señale a la Fiscalía. Se puede estar de acuerdo o no con el Ministerio Fiscal, pero forma parte del organigrama de la Justicia y si empezamos señalando la actuación de jueces y fiscales, tenemos un problema. Algo que se ha hecho por parte incluso de la propia investigada y de sus defensas, que son las de la Ciudad Autónoma”, ha lamentado, pidiendo que “se deje de atacar” al Ministerio Fiscal y se deje trabajar a la Justicia.”El abogado del Estado también ha formulado queja —ha añadido Escudero—en contra del Ministerio Fiscal, dando pábulo a que era una suerte de acoso, insisto, la Abogacía del Estado y los Poderes Públicos peleándose no es una visión edificante, no fortalece la imagen de la Justicia y de la separación de poderes”.

"Los menores no fueron tutelados conforme a derecho"

Lo que parece meridianamente claro es que no se cumplió con la Ley en el proceso de devolución de menores marroquíes que entraron en la gran avalancha de mayo de 2021. “Hoy ha quedado claro que nunca se reunió la Comisión de Asuntos de la Infancia de la Ciudad de Ceuta, que es preceptiva para cualquier asunto que afecta a la tutela de un menor; que dichos menores no han sido tutelados conforme a derecho en ningún momento, lo cual vulnera los derechos de la infancia; que además, a pesar de que se indica que determinadas entidades sociales hicieron las adaptaciones relativas a la vulnerabilidad de estos menores, nos constan informes de las entidades que en ese momento ejercían no sabemos si la guarda legalmente o no —puesto que nunca se hizo una resolución concediendo esa guarda— en los que señalan autolesiones, sabemos que hay informes donde se avanza que la voluntad de esos menores no era en ningún caso ningún tipo de reagrupación familiar”, ha desgranado Escudero.

¿Un millón de euros para que los menores duerman en estanterías?

Desde la acusación popular han puesto el foco también en el gasto de emergencia desembolsado tras la crisis migratoria. Y las cuentas no les salen. “Nos interesa saber lo que se hacia con el dinero, más de un millón de euros que se gastó en emergencia en esos centros de menores . Nos interesa saber cómo se conjugan fotos de niños durmiendo en estanterías de metal con más de un millón de euros gastados en acondicionar unos centros. Si me gasto un millón de euros, cómo puede ser que un mes después siguieran durmiendo en estanterías de obra. Hay más de 40.000 euros de gasto corriente mensual, además del millón de euros que se gastaba mensualmente en entidades tutelares. Sabemos, porque es nuestro ámbito de trabajo, lo que cuesta un centro y cómo se gestiona y no me cuadra que en un mismo expediente administrativo se sostenga, como por cierto autorizó la Ciudad Autónoma a la entidad Grupo SAMU, que cuantos más menores le daba, menos dinero le cobraba, cómo se sostiene ese criterio técnico de cuántas más personas tengas a tu cargo menos cuesta?”

Un gasto sospechoso a ojos de la acusación popular, al que se suma el excesivo poder que la Ciudad y Delegación otorgaron a determinadas oenegés: “Recordar a la vicepresidenta que ninguna oenegé sustituye a las competencias de un funcionario público, la declaración de vulnerabilidad que afecta a un procedimiento tan importante como la devolución de una persona a su país de origen, no la hace una oenegé porque lo prohibe para empezar el Estatuto de la Función Pública. La tienen que hacer los funcionarios públicos, las entidades sociales podemos hacer informes complementarios, y lo hacemos, debemos y podemos ser escuchados en procedimientos, y lo hacemos, pero no sustituimos a la función pública, que para eso en este Estado de Derecho tenemos funcionarios que tienen esa obligación y además es exclusiva no delegable nunca a ninguna entidad privada”.