Su cita ante la Fiscalía será para testificar y se producirá el próximo día 27 de octubre, un día en el Ángel Javier Díez Nieto subirá las escaleras del Palacio de Justicia como presunto sospechoso y podría salir como imputado por una contratación irregular. Mientras el responsable de Recursos Humanos ha calificado la cita como de “mero trámite”, el fiscal general, José Luis Puerta, ha asegurado que se le cita “como sospechoso” de un posible delito por la contratación del engrasador. Por eso y para garantizar el proceso, se les ha pedido, tanto al viceconsejero de Recursos Humanos como al jefe de Parque Móvil, Rafael Matres, que también comparecerá por el mismo caso, que acudan a la cita acompañados de su abogado.

El asunto fue puesto en manos de la Fiscalía por Comisiones Obreras, mientras que UGT recurrió directamente a la vía contenciosa administrativa, vía de la que todavía no tienen conocimiento. Ambos sindicatos han dejado claro que si la Fiscalía no encontrara delito en la actuación de Recursos Humanos acudirán directamente como acusación particular ante los Juzgados de lo Penal de Ceuta pidiendo que se esclarezcan unos hechos que para ellos son constitutivos del delito de prevaricación.

 “No queremos que quede ninguna sombra de duda de que los culpables” no son los sindicatos en todo lo relativo a la política de contratación y pruebas que está realizando el Gobierno de Vivas, explicó el secretario de Organización de Comisiones Obreras, Ramón Moreda.

Historia de una polémica

En su día saltaron las alarmas cuando los sindicatos descubrieron con sorpresa que el área de Recursos Humanos había comenzado a trabajar con un novedoso sistema de contratación. Recurrían al INEM para pedir candidatos para puestos de trabajo que iban a ser cubiertos con contratos temporales. Algo que los sindicatos siguen manteniendo que es irregular.

 El Gobierno local pidió un informe al Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) para ratificar su actuación. Dicho informe sigue sin aclarar la polémica, mientras que el Ejecutivo de Vivas lo ha interpretado favorable a su actuación y entiende que respalda su modo de contratación, los sindicatos tienen claro que lo que dice dicho informe es que el INEM no puede ser quien decida a quién se va a contratar. Según los sindicatos lo que dice el MAP es que el INEM debe realizar una preselección de candidatos, nunca la selección final, algo que estaría sucediendo.

 En el caso de la contratación del hermano del consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, como engrasador para el área de Parque Móvil, el INEM remitió a la Ciudad Autónoma el único inscrito en sus listas como demandante de empleo y con la categoría de engrasador, un oficio, por otra parte, propio del mantenimiento de barcos y no de coches ni camiones.

 Ya no trabaja

La buena fe a la que apelaba el pasado viernes el propio viceconsejero de Recursos Humanos para el caso de las pruebas psicotécnicas en la Policía Local, podría servir para este caso. Y es que a los sindicatos les huele muy mal que de un día para otro aparezca inscrito en el INEM el hermano de un miembro del Ejecutivo de Vivas como engrasador, un oficio en desuso y en semanas, la Ciudad requiera al INEM justo ese puesto.

 Entonces el Ejecutivo de Vivas justificó como necesaria dicha contratación ante los medios de comunicación, pero lo cierto es que el engrasador sólo ha durado en su puesto de trabajo, seis meses. Se le hizo un primer contrato de tres meses y se le renovó por otros tres meses, después el área de Recursos Humanos, decidió que ya no era tan necesario y no prorrogó ese contrato, de eso hace menos de un mes, tal y como ha confirmado el propio viceconsejero de Recursos Humanos, Ángel Javier Díez Nieto. Por tanto el hermano de Doncel ya no forma parte de la plantilla del Parque Móvil.

Lo que aún no ha aclarado el Gobierno son las circunstancias que hacen que el engrasador fuera necesario en un primer momento y pasados sólo seis meses dejara de ser imprescindible para el mantenimiento del Parque Móvil de la Ciudad Autónoma. Un mantenimiento que por otra parte han puesto en entredicho los Bomberos, a los que les han faltado bombas de achique de gran capacidad en las pasadas inundaciones porque las que tenían aunque nuevas no funcionaban bien. La única que tenían en servicio sufrió un incendio durante una actuación en el Tarajal hace menos de dos semanas.

 Sea como sea la pelota está ahora en manos de la Fiscalía, que tomará declaración al viceconsejero de Recursos Humanos, Ángel Javier Díez Nieto, el próximo día 27 como sospechoso de un delito. Los sindicatos entienden que debiera ser juzgado por una supuesta prevaricación, un delito que de no confirmar su existencia la Fiscalía acabará siendo materia para los Juzgados de lo Penal, en donde tanto UGT como Comisiones Obreras acudirán como acusación particular, decida lo que decida la Fiscalía. Lo que se desconoce aún es el grado de responsabilidad del jefe del Parque Móvil, Rafael Matres, también citado como sospechoso.