La consellera de Asuntos Sociales de la Generalitat de Catalunya, Dolor Bassa, se reafirma en sus declaraciones ante el Parlament catalán apuntando a Andalucía y Ceuta como el origen de los menores extranjeros no acompañados que deambulan por Barcelona “esnifando pegamento”. El Gobierno de Ceuta negó tajantemente la acusación; Ciudadanos Ceuta movilizó a sus contactos para responder en el mismo foro; la Junta de Andalucia calificaba las opiniones de Bassa de "xenófobas" y de "ofensivas hacia los menores" y apuntaba que "atentan contra la solidaridad social" y el PP de Andalucía había exigido que Dolors Bassa se excusara, pero esta no lo ha hecho sino que se ha reafirmado en su acusación, aunque ahora matiza que no responsabiliza a los Gobiernos andaluz o ceutí.

Bassa alega que estas respuestas que la declaración institucional no se basaba en sus declaraciones en el Parlament, sino en ‘tuits’ que habían tergiversado sus palabras. La consejera se ha ratificado en sus opiniones, y ha afirmado que algunos menores no acompañados que llegan a Catalunya explican a sus educadores que proceden de centros de otras zonas, especialmente de Andalucía y de Ceuta. "Alguien ha tenido que pagar los billetes de estos menores", afirma, pero puntualiza que nunca había acusado de ello al gobierno andaluz.

Por otro lado, Bassa se ha mostrado contraria a encerrar a estos niños en una institución “pseudo-penitenciaria” como una solución a su problemática. “Lo que no podemos hacer es internar. Los niños se tienen que encontrar como casa" apuesta la consejera destacando que el primer problema que se tiene que afrontar, en este caso, es la adicción del menor, y ha anunciado un plan para combatir la adicción al pegamento.

Familias de acogida

Bassa ha vuelto a pedir a los catalanes su colaboración para atender a los niños con problemas. El plan de la Conselleria pasa por que ningún niño, de 0 a 6 años, esté ingresado en centros y viva con familias, aunque, de momento, no hay bastantes familias de acogida. Con cien más sería suficiente para cubrir las necesidades en Cataluña, insisten desde la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat.