Interior ha decidido limitar los refuerzos quincenales que se venían produciendo a pequeños subgrupos de apenas 15 policías, lo que supone una reducción cercana al 65%
La decisión del Ministerio del Interior de reducir de manera notable el número de agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP) que se desplazan a Ceuta y Melilla ha desatado la polémica política y sindical. El Partido Popular ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al ministro Fernando Grande-Marlaska para que aclare los motivos de este recorte en dos de las fronteras más sensibles de España.
De 50 agentes a apenas 15
Hasta ahora, los refuerzos quincenales que llegaban desde distintas comunidades, principalmente Madrid y Andalucía, estaban compuestos por medio centenar de antidisturbios. Sin embargo, Interior ha decidido limitar estos despliegues a pequeños subgrupos de apenas 15 policías, lo que supone una reducción cercana al 65%, según desveló el diario El Mundo.
Sindicatos como JUPOL y la Unión Federal de Policía han confirmado esta medida, advirtiendo de que la principal razón es económica. Según sus representantes, las cajas pagadoras de las comisarías no disponen de liquidez suficiente para abonar las dietas de los desplazados. Estas se fijan en 77 euros diarios, cantidad que cubre manutención y alojamiento, por lo que la reducción de efectivos implicaría también un ahorro para el Estado.
La crítica del Partido Popular
El diputado del PP por Ceuta, Javier Celaya, ha advertido de que esta medida pone en riesgo la seguridad de los ceutíes y melillenses: “No entendemos qué razones operativas pueden justificar un recorte tan drástico en la presencia de la UIP en las dos ciudades autónomas”, ha señalado.
Celaya ha registrado tres preguntas concretas en el Congreso: si el motivo de esta reducción está vinculado a la falta de presupuesto, si el Ministerio garantiza que la seguridad ciudadana no se verá comprometida y qué medidas piensa adoptar el Gobierno para revertir esta situación.
El Partido Popular acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de “poner en riesgo la seguridad en dos de las fronteras más delicadas de Europa”, recordando además que estas decisiones generan malestar entre los propios agentes. “Las condiciones laborales se deterioran y se limitan los medios de protección en un territorio que requiere especial atención”, han advertido desde la formación.
Los argumentos oficiales no convencen ni a sindicatos ni al Partido Popular, que insisten en que la reducción de la UIP es un golpe directo a la seguridad preventiva de Ceuta y Melilla. “No se trata solo de números, sino de capacidad operativa real para responder ante cualquier eventualidad en la frontera”, subrayan.
Una decisión de futuro incierto
Fuentes sindicales reconocen que la medida podría mantenerse mientras persistan los problemas presupuestarios en el Ministerio del Interior. De momento, se seguirá con el esquema de rotaciones, pero con una presencia mucho más reducida en comparación con los últimos años.
El PP ha pedido explicaciones inmediatas y reclama al ministro Grande-Marlaska que garantice el mantenimiento de los efectivos necesarios. “Los ceutíes y melillenses tienen derecho a vivir con seguridad y el Gobierno no puede fallarles por una cuestión de caja”, ha sentenciado Javier Celaya.
