El PSOE, clave en la formación de mayorías con sus 7 escaños, no es partidario de la devolución integra de las competencias delegadas en 1995 por el Pleno en el Consejo de Gobierno en materia de contratación y personal. Los socialistas han presentado una enmienda a la propuesta del MDyC en la que precisan que "la aprobación de la RPT, la oferta pública de empleo que se incluirá en los Presupuestos de la Ciudad, las bases de selección de personal, el número de contrataciones y retribuciones del personal eventual y las remuneraciones complementarias de los empleados públicos" sí deberían quedar sometidos al criterio de la Asamblea.
Igualmente apoyan devolver al Pleno la última palabra sobre "la contratación de obras y servicios y suministros, las competencias de gestión y la enajenación de bienes que superen el 10% de los ingresos del Presupuesto consolidado de la Ciudad", que este ejercicio rozan los 320 millones de euros.
Los de Manuel Hernández creen que una reversión completa de la delegación implicaría un riesgo de colapso de la Administración e indican, además, que el proceso de reversión debería incluir "la reforma de los Reglamentos de la Asamblea y del Consejo de Gobierno" para que el primero recoja "de forma clara y aportando la seguridad jurídica requerida" las competencias que le corresponden "a cada órgano institucional: Pleno, Consejo de Gobierno y Presidencia de la Ciudad".
"No podemos adoptar un acuerdo que difícilmente pueda llevarse a la práctica", argumentan sobre la devolución íntegra, "porque pueda ser contrario al ordenamiento jurídico estatal o autonómico por no estar recogido en el Reglamento de la Asamblea". "Existen competencias que deben volver al ámbito del Pleno, pero con la garantía de que los acuerdos que se adopten no incurran en nulidad de pleno derecho", alertan.
El MDyC también ha matizado su propia propuesta en el sentido de que "la distribución de competencias entre el pleno, el Consejo de Gobierno y el Alcalde-Presidente se realice en función de la legislación actual, debiéndose llevar a cabo los procedimientos administrativos necesarios para que dicha modificación surta efectos en un plazo no superior a seis meses".
