El consejero delegado de EMVICESA, Antonio López, ha remitido una remesa de cartas a adjudicatarios en régimen de alquiler de las viviendas de la promoción pública para jóvenes de Serrano Orive para comunicar “formalmente” que la “voluntad” de la Empresa Municipal es “no renovar el contrato” con los beneficiarios y avanzarles que “cumplido el quinto año de prórroga, el arrendamiento quedará extinguido”, según la documentación a la que ha tenido acceso Ceutaldia.com.

La sociedad municipal, “propietaria de la promoción de 45 casas”, ha solicitado “el cambio de régimen de cesión previsto en calificación definitiva de dicha promoción del arrendamiento a la venta” y argumenta que está en pleno proceso de ejecutar “las actuaciones previas necesarias para la división de la finca y del préstamo convenido otorgado al promotor”. Cuando esos pasos estén “cumplimentados” se procederá a “iniciar el proceso de venta”.

Los precios máximos “serán el resultado de multiplicar la superficie útil de la vivienda por el módulo básico estatal [758 euros] por 1,56 y por 1,10”. Es decir, los precios que no podrán superarse en la enajenación van desde 76.300 euros (solamente hay cuatro casas de tipo A y 58,6 metros cuadrados de superficie útil) hasta 72.159 euros (las cinco viviendas de tipo H y 40,20 metros cuadrados). La inmensa mayoría se encuentran en un arco de precios máximos que no supera los 52.700 euros.

Caballas ha exigido al Gobierno local que permita a los inquilinos sin financiación bancaria para acometer la compra poder quedarse en las viviendas hasta que la consigan. Además, la coalición localista quiere que la Administración se asegure de que la enajenación se formaliza con jóvenes que no dispongan de otra vivienda “para no destruir el objeto social de la promoción y permitir que alguien financie la compra de otra casa alquilando la que se le ha concedido desde el ámbito de lo público”.

Entre los requisitos estipulados para la enajenación de las viviendas se encuentra que sus posibles compradores puedan “acreditar unos ingresos inferiores a 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM, 532,5 euros mensuales)” y demostrar “no ser titulares del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre otra vivienda sujeta a algún régimen de protección pública ni sobre una vivienda libre en Ceuta”.

Requisitos para la adjudicación e incidencias

Además, se exige “no haber obtenido previamente financiación cualificada, al amparo de Planes Estatales de Vivienda durante los diez años anteriores a la compra de la vivienda”. Aquellos compradores que sean, en el momento en el que pueda formalizarse la compraventa, inquilinos de las mismas, “podrán acreditar que cumplían dichos requisitos en la fecha de la firma del correspondiente contrato de alquiler”.

Las viviendas de Serrano Orive se entregaron en 2010 a sus adjudicatarios por rentas inferiores a 200 euros al mes. En 2012 la Administración ya intentó, con una fuerte oposición vecinal y política que logró hacerla desistir de sus intenciones, deshacerse de la promoción, en aquella ocasión en bloque, para hacer caja. Ahora espera obtener cerca de 2,5 millones, aproximadamente el doble de lo que le queda a Emvicesa por devolver al banco.

De acuerdo con los últimos informes técnicos, sobre al menos una de cada tres viviendas existen sospechas de un uso no correcto. En más de diez casos sus titulares están empadronados en otras viviendas, situadas tanto en la ciudad autónoma como en la Península. Sobre una docena de pisos, no siempre coincidentes con los anteriores, hay una alerta porque su consumo mensual de agua caliente es casi nulo o en cualquier caso no coherente con la media que gasta una familia de similares dimensiones a las que ocupan esas casas, con uno o dos dormitorios. Durante las visitas realizadas por técnicos del Servicio de Inspección de Vivienda Municipal de Ceuta (SIVIMCE) tampoco se localizó a más de una decena de supuestos residentes.

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