La coalición tiene decidido denunciar ante los tribunales al Ejecutivo por prevaricación al omitir el trámite de exposición pública en un proyecto que modifica lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana al cambiar el tráfico y que cambia el uso de una parcela, la esquina entre Gran Vía y Constitución, expropiada por el Ejecutivo para construir viviendas, y que ahora servirá para acoger un jardín vertical.

El Gobierno ha optado por la opacidad, ha preferido seguir adelante con al encomienda de gestión a Tragsa para que acometa la reforma de la almendra que conforman Gran Vía, calle Jáudenes y Plaza de África sin sacar el proyecto a exposición pública, a pesar de las reiteradas advertencias de Caballas sobre que no permitir alegaciones y omitir ese trámite suponía, en su opinión, un incumplimiento legal. La decisión adoptada en el Consejo de Gobierno del viernes aboca a Caballas a judicializar la decisión del Ejecutivo, algo que ha confirmado el portavoz de la coalición, Mohamed Alí, que ha fijado en los días hábiles de la próxima semana la fecha en la que Caballas activará el proceso judicial.

Según Alí, se ultiman flecos de la demanda al tiempo que se repasa cualquier otra posibilidad jurídica para que el Ejecutivo se ciña a la legalidad y no “despilfarre” dinero público sin someterlo a la opinión de la ciudadanía.

Eso es lo que ha venido reclamando Caballas en las últimas semanas con especial ahínco y avisando al Ejecutivo que la vía a la que acudiría sería la penal, al entender que la opacidad, la decisión de no someter el proyecto a exposición pública suponía prevaricar.

"La ciudadanía tiene derecho a opinar sobre todo eso porque así lo establece la ley y ustedes tienen que sacar el proyecto a exposición pública, les parezca bien o mal, porque se modifica el PGOU", le espetó Aróstegui en el último Pleno al Ejecutivo.

La obra que prevé el Ejecutivo afecta a una superficie de 22.000 metros cuadrados, tiene un coste de unos 8 millones de euros y prevé gastar unos 900.000 euros en 14 farolas, similares a las que disfrutan los barceloneses en el Paseo de las Ramblas.

Para Caballas, que esgrimió en el último Pleno un completo informe para tratar de convencer al Ejecutivo de la necesidad legal de exponer el proyecto al público, ese trámite es obligatorio en tanto en cuanto se modifica lo que está establecido en el Plan General de Ordenación Urbana, instrumento máximo del planeamiento urbanístico que no se puede cambiar de cualquier modo.

Entre los cambios que supondrá el proyecto y que hacen obligatorio, en opinión de Caballas exponerlo al público, figura el cambio en el viario. Se reduce de dos a uno los accesos rodados a la plaza de África, por ejemplo, y se suprimen las plazas de estacionamiento que existen en el margen norte de la calle Jáudenes. Pero no sólo eso, la obra afectará al entorno de un bien cultural protegido como la Basílica Tardorromana.

Más aún, la remodelación prevé un jardín vertical en la esquina de Gran Vía con Plaza de la Constitución. Justo en una parcela que el Gobierno expropió en su día con la intención de construir viviendas. Un dinero público gastado con una finalidad concreta que ahora se cambia en un proyecto de remodelación tramitado como “el de cambiar una baldosa”, caricaturizó Aróstegui en el Pleno.

A los cambios en la circulación de vehículos por la zona les falta, además, un estudio sobre el impacto en el tráfico que supondrán. Son algunos de los incumplimientos que señala Caballas que hará desembocar el proyecto en la vía judicial convencido de sus razones. Lo hará además en la vía penal, algo con lo que no contaba el Gobierno que esperaba que la coalición acudiera al contencioso administrativo, un proceso que suele tener menos consecuencias que el penal y que difícilmente podría parar la obra.

El consejero de Fomento, Néstor García, acusó a la coalición de querer boicotear la obra y haber hecho “su razón de existir” ese boicot, al tiempo que se escudaba en lo que han dicho los técnicos de Fomento, que se trata de una obra ordinaria y por tanto se puede tramitar sin exposición pública y mediante la encomienda de gestión realizada a Tragsa.

El Gobierno no las debe tener todas consigo, dado que en el último Pleno, el propio presidente Vivas impidió a su consejero de Fomento, García, que respondiera a la literalidad de las preguntas que planteó Caballas, para que no cayera en la “trampa” de Caballas, dejando las respuestas para los técnicos, ante lo comprometido de las mismas, que de haber sido respondidas por García, podrían haber supuesto una prueba más de la prevaricación que Caballas está convencida que está cometiendo el Ejecutivo.

Como sea, serán los tribunales los que decidan. La decisión en Caballas está tomada y parece inamovible. Cualquier revés judicial al proyecto ocasionado por la acción de Caballas podría suponer el abandono o replanteamiento del proyecto por parte del Ejecutivo que no ha escondido en ningún momento la vinculación entre la reforma y la próxima cita con las urnas, fijando en reiteradas ocasiones en declaraciones públicas la conclusión de la remodelación para “antes de las próximas elecciones”, lo que ha redoblado las acusaciones de proyecto electoralista en la oposición y también en los agentes económicos, algunos empresarios así se lo hicieron constar al propio Gobierno en la reunión que les expuso el proyecto.

El Gobierno va a contrarreloj con la reforma para llegar a terminarlo antes de la cita con las urnas. El plazo de la obra es de 14 meses, y aunque el Ejecutivo ha dicho que Tragsa empezará los trabajos tan pronto como pueda, lo cierto es que si empezaran durante el mes de enero y todo sale como está previsto (algo que rara vez ha sucedido en la obra pública en Ceuta) la obra se finalizaría en marzo de 2019, dos meses antes de las urnas, justo el tiempo que conllevaría alargar los plazos si el proyecto sale a exposición pública. El Gobierno tiene prisa, cualquier paralización de la obra, podría suponer no llegar a las elecciones con la obra terminada.