El pasado 8 de noviembre de 2012, el Consejo de Ministros aprobó por Real Decreto los aspectos esenciales relacionados con los servicios automovilísticos que presta el Parque Móvil del Estado, así como la racionalización de su gestión, todo ello en un entorno de crisis económica y de contención generalizada del gasto público.

Este Real Decreto ha supuesto un "ajuste" de la flota de vehículos oficiales para uso de los altos cargos de la Administración General del Estado que se realizará "mediante la modalidad de enajenación directa de los vehículos, que suponen un total de 106 automóviles", según ha informado la institución de la Plaza de los Reyes este martes en un comunicado a los medios.

La Dirección General de Coordinación de la Administración Periférica del Estado analizó las necesidades de vehículos oficiales para la correcta prestación de los servicios de automoción en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como en las Direcciones Insulares, concluyendo que la citada cifra, 106, no resultan necesarios para la prestación de los referidos servicios.

En el tablón de anuncios de la Delegación del Gobierno y en el Area de Fomento se expone la citada resolución y la relación de vehículos que se pueden adquirir. Ninguno de los vehículos es de la ciudad autónoma.