El Gobierno defiende la legalidad de sus gestiones y asegura que los expedientes respetan todas las normas y que están correctamente informados, limitándose todo a un problema de compatibilidad "que no de ilegalidad", según ha puntualizado la portavoz Yolanda Bel. Un motivo por el que no será el consejero de Fomento sino otro el que lleve la propuesta a pleno.
Respuesta que no ha gustado mucho a la oposición. La socialista Inmaculada Ramírez ha indicao que "habrá que estudiar el expediente" y sigue reivindicando "transparencia" no sólo en el fondo "sino también en la forma".
Por su parte, la coalición UDCE-IU ha respondido a las declaraciones de Bel asegurando que se trata de un nuevo "despligue de igeniería jurídica y técnica a los que se encuentra acostumbrado usar el Gobierno del PP para sostener su más que dudosas actuaciones". Y es que a la coalición no le ha gustado que el Ejecutivo de Vivas en lugar de rectificar tan sólo haya modificado el nombre del consejero que defienda la propuesta, ya que el fondo se mantiene. En definitiva, para UDCE-IU la portavoz en lugar de explicar y aclarar se dedica a "maquillar asuntos" mediante "juegos léxicos" y "marear la perdiz". La formación liderada por Mohamed Alí recuerda a Bel que "la definición de incompatibilidad es la de prohibición expresa e impedimento legal" por lo que si el Gobierno continúa en sus intenciones se produciría "una clara ilegalidad, le guste o no".