La solución propuesta por el PP es intermedia entre la que existía antes de la retirada de competencias y la actual. Por ejemplo, en el caso del Plan General de Ordenación Urbana la aprobación definitiva sería del Gobierno central, así como las modificaciones que afectan a la estructura orgánica del territorio o la alteración de la clasificación del suelo, así como los sistemas generales. Un sistema que según el propio Fernández Cucurull sería análogo al que mantienen las comunidades autónomas con sus municipios.
La Ciudad se quedaría con plenas competencias para la aprobación de planes parciales y especiales, además del uso de su capacidad para desarrollar o adaptar los reglamentos de planeamiento urbanístico, gestión y disciplina urbanística. Las enmiendas también incluye un apartado para equiparar a Ceuta con el resto de comunidades, que fija para los promotores un porcentaje de cesión del 10 por ciento de la edificabilidad a favor de la Ciudad, que podría elevarse hasta el 20 por ciento en función del valor de las parcelas.