El consejero de Fomento, Néstor García, ha anunciado este martes en el Pleno que el Gobierno de Vivas está trabajando en una revisión del Plan de Barriadas que, para el periodo 2015-2019, presentó hace menos de dos años. La idea del Ejecutivo pasa por dividir la ciudad en seis zonas y destinar aproximadamente 9 millones de euros a cada una de ellas.

Al margen, la Administración local sigue pensando invertir unos 15 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el Príncipe y ejecutar las Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) de viviendas de Santiago Apóstol, Los Rosales y Príncipe Felipe.

En su respuesta a varias interpelaciones de la oposición sobre sus actuaciones en el conjunto de barriadas en general y en El Gallo en particular, el miembro del Ejecutivo local ha prometido una actualización "ambiciosa" del documento original para actuar "en todas las barriadas".

Su calendario pasa por, a mediados de julio, tener el nuevo Plan "actualizado". Tres meses después, el 15 de octubre, deberían estar "realizados" los proyectos correspondientes y a principios del año próximo, en enero, "adjudicados" los contratos para que las obras arranquen "en febrero".

Este cambio de planes ha obligado también a variar las previsiones de renovación del asfaltado, que se van a licitar "en julio" en aquellas zonas que, como el entorno del Hospital, no se verán directamente afectadas por los proyectos del Plan de Barriadas.

García ha aprovechado su comparecencia para alabar el trabajo que están realizando los coordinadores de barriadas nombrados por Vivas al principio de esta legislatura (Mina Mohamed Laarbi, Manal Mohamed Mohamed, Yamal Dris Mojtar, Mohamed Rida Mohamed El Kouissi, Karima Abdelkader Alí y Aida Salvador Monfillo), que según el consejero han elaborado "más de 1.500 partes" en menos de un año.

Además, el titular de Fomento ha señalado que en la segunda planta del 'Ceuta Center' se va a habilitar una Oficina Técnica para recibir cualquier tipo de "necesidad o inquietud" que quieran trasladar a la Administración los representantes vecinales o cualquier ciudadano.

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