El ex de Vox presenta una enmienda a propuesta del PSOE en la que pide devolver la mitad de emolumentos de los diputados si reciben garantías de que estos irán a ayudar a familias vulnerables y personas sin hogar; también exige revisar las ayudas a colectivos y que las formaciones políticas publiquen todos sus gastos
El Pleno de la Asamblea debate pasado mañana una propuesta del Grupo Socialista sobre la política social de la ciudad a la que se suma una enmienda presentada por Carlos Francisco Verdejo Ferrer, diputado no adscrito tras su salida de Vox. La sesión supone la primera participación de Verdejo con esta nueva condición parlamentaria y lo hace incorporando modificaciones que afectan directamente a la financiación de los grupos, la fiscalización de subvenciones y la transparencia institucional.
La iniciativa original del PSOE, registrada por su portavoz Sebastián Guerrero Martín, solicita al Gobierno de la Ciudad la puesta en marcha inmediata de un análisis y evaluación integral de todas las políticas sociales que se desarrollan en Ceuta. El texto describe una situación que califica de “extremadamente preocupante”, con cerca del 40% de la población próxima a los umbrales de pobreza, y atribuye los malos resultados no a la falta de recursos, sino al modelo de gestión, planificación y evaluación.
Diagnóstico socialista sobre la política social
En su exposición de motivos, el Grupo Socialista sostiene que la ciudad destina millones de euros cada año a políticas sociales, fundamentalmente a través del gasto en personal y de subvenciones a entidades del tercer sector. El PSOE reconoce que estas asociaciones realizan una labor “imprescindible, comprometida y profesional”, pero advierte de que su actuación no puede sustituir a una política pública eficaz, planificada y evaluada desde la administración.
El documento afirma que, pese al elevado nivel de gasto, la desigualdad no disminuye, la pobreza se cronifica y los recursos sociales permanecen desbordados. Según el texto, esta situación evidencia que el problema “no es únicamente de financiación”, sino de falta de un diseño adecuado de las políticas públicas.
Los socialistas atribuyen al Gobierno de la Ciudad una gestión deficiente en materia social y recuerdan que Ceuta cuenta con plenas competencias en este ámbito. En ese contexto, critican que el Ejecutivo local opte por trasladar la responsabilidad al Gobierno de España, reclamando financiación adicional “consciente de que esta llegará”, pese a disponer de un presupuesto que supera los 400 millones de euros anuales.
Servicios al límite y ausencia de planificación
La propuesta recoge que la política social desarrollada desde la Consejería de Asuntos Sociales ha llevado al Centro Asesor al límite, ha situado al 44% de las familias en una situación crítica para cubrir necesidades básicas y ha perpetuado la ausencia de un plan de alojamiento alternativo. El texto también señala que la ciudad continúa sin un albergue operativo para personas sin techo y sin una estrategia real para frenar el crecimiento de la desigualdad.
Frente a este escenario, el PSOE plantea abrir “una nueva etapa” basada en el análisis riguroso, la evaluación honesta y la colaboración real con los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios y las entidades que trabajan sobre el terreno.
En la parte dispositiva, la propuesta insta al Gobierno a impulsar una evaluación integral de todos los programas y recursos sociales; a constituir un espacio de trabajo conjunto con profesionales, tercer sector y grupos políticos; y a rediseñar la política social a partir de los resultados obtenidos, con objetivos claros, indicadores medibles y mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas.
La enmienda de Verdejo: financiación y control
Sobre este planteamiento, Carlos Verdejo presenta una enmienda de adición que introduce nuevas obligaciones para los grupos políticos representados en la Asamblea. En primer lugar, propone que renuncien durante el ejercicio presupuestario vigente a la mitad de su asignación anual, siempre que el Gobierno de la Ciudad destine esa cantidad “de forma íntegra y verificable” a políticas sociales y a programas de apoyo directo a familias vulnerables, personas sin hogar y colectivos en riesgo.
La enmienda también plantea la creación de una Unidad de Inspección y Control Independiente, adscrita a la Asamblea, con capacidad para supervisar, auditar y verificar el cumplimiento efectivo de los proyectos subvencionados con fondos públicos. Este órgano podría proponer la suspensión o devolución de subvenciones cuando se detecten incumplimientos, desviación de objetivos o falta de impacto social real.
Transparencia y rendición de cuentas
Otro de los puntos incorporados por Verdejo exige que, “en aras de la transparencia, la rendición de cuentas y la ejemplaridad pública”, todos los grupos políticos publiquen trimestralmente sus cuentas completas y detalladas. Esa información debe incluir gastos de personal, asesores, viajes, restauración, actividades externas y cualquier concepto financiado con recursos públicos, con el objetivo de que la ciudadanía conozca el destino de los fondos asignados.
La enmienda se completa con la propuesta de crear un Registro Público y actualizado de Contratos y Asesores vinculados a los grupos parlamentarios. Este registro debe detallar funciones, objetivos y resultados esperados, garantizar el acceso libre a la información y permitir una evaluación periódica desde la perspectiva del interés general, con especial énfasis en su contribución a la mejora de las políticas sociales.
El Pleno decidirá si incorpora estas modificaciones a la iniciativa socialista en una sesión que marca el estreno parlamentario de Verdejo como diputado no adscrito.
