El Consejo de Gobierno ha aprobado en su última reunión del año la puesta en marcha de un Plan de  Prevención del Riesgo de Fraude, Corrupción y Conflicto de Intereses. Se trata, ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán, de “una declaración pública institucional de compromiso de lucha contra el fraude”. Un plan que supone una “garantía jurídica” y cumple un “importante papel preventivo”

“Es un instrumento de carácter técnico para la Administración y el sector público empresarial de la Ciudad para establecer las condiciones generales relativas al riesgo de fraude y corrupción y establecer las directrices necesarias en todo los procesos de tramitación, tomas de decisión y ejecución de acción pública”, ha definido Gaitán, que ha explicado que es un modelo homogéneo de organización pública dirigido a garantizar los principios de transparencia, responsabilidad y optimización de los recursos y de integridad institucional para una buena gestión de los fondos públicos en especial de aquellos derivados del mecanismo de recuperación y resiliencia”

Esta “declaración pública institucional de compromiso de lucha contra el fraude” está dirigida a  los principios que deben presidir la actividad de esta Administración y de sus empleados públicos tomando como referencia la normativa ética y jurídica que afecta ala acción pública”

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