El Gobierno baraja exigir que las propuestas de los grupos incluyan informe jurídico y económico


El Gobierno baraja exigir que las propuestas de los grupos incluyan informe jurídico y económico

- La intención del Ejecutivo es “evitar debates estériles” sobre propuestas que muchas veces no pueden llevarse a la práctica

- Mohamed Ali lamenta que el Partido Popular intente “coartar” la capacidad propositiva de la oposición

- La condición se basa en un acuerdo de la Mesa Rectora de la pasada legislatura

- Desde la Ciudad se matiza que la condición sólo habría de aplicarse a las propuestas que requieran una partida de gastos y un informe jurídico pero de momento no hay ninguna decisión formal y sólo se ha abordado la posibilidad en la Junta de Portavoces

La Mesa Rectora del Pleno de la Asamblea echó para atrás en julio una propuesta de MDyC relativa a la inclusión del Eid Al Fitr en el calendario laboral argumentando que la medida no tenía un informe jurídico que la respaldara ni memoria presupuestaria o dictamen de la comisión. Una medida que indignó a la formación de Fatima Hamed y que, a partir de ahora, podría aplicarse a todas las propuestas que se lleven a Pleno. Así lo ha adelantado, según varias fuentes de la oposición, este martes en la Junta de Portavoces la presidenta accidental, Mabel Deu. Una posibilidad que no niegan desde el Gobierno pero matizan que no hay ninguna decisión en firme y sólo se ha hablado de ella en la Junta de Portavoces.

La medida, explican fuentes del Gobierno, sólo pretende “evitar debates estériles” y sesiones plenarias que se alargan hasta la eternidad para terminar aprobando medidas que en muchas ocasiones no se pueden poner en práctica. Y no todas las propuestas están sujetas a informes jurídicos o presupuestos y ponen un ejemplo: la petición de Caballas de pedir el rechazo a las reválidas del Ministerio de Educación no requiere un informe jurídico o presupuestario pues no necesitaría de ninguno de los dos para llevarse a cabo. Por otro lado no sería necesario tampoco un informe de Intervención o una memoria económica sino que bastaría con un “estudio de viabilidad económica y jurídica”, un documento que avale que realmente se puede llevar a cabo.

Unos requisitos que, pese a todo, a Caballas y a MDyC no les parecen de recibo. Por su parte, Fatima Hamed, la primera en sufrir la nueva condición de acompañar las propuestas con un informe jurídico que las avale o memoria presupuestaria, si llevan un gasto aparejado, han solicitado al Gobierno, en concreto a la Secretaría General, que les facilite los requisitos para saber a qué atenerse en próximas propuestas.

Para Mohamed Ali, mucho más crítico con el fondo de la medida, no es sino “un retroceso en la calidad democrática” de la Asamblea. “Someter a filtros las propuestas supone coartar la labor propositiva de la oposición”, argumenta el líder de Caballas, “hay que recordar que la Mesa Rectora tiene mayoría del Partido Popular y estamos sometidos a la voluntad del PP que será quien decida que asuntos de la oposición van a Pleno y cuáles no, me parece algo inaudito”.

La medida, acordada por la Mesa Rectora de la Asamblea en la anterior legislatura, establece que una propuesta que requiera ser informada jurídicamente, o que requiera de la confección de gastos o de un informe de Intervención no se trasladará a la Mesa en tanto en cuanto no se cuente con los informes. Una medida que, aprobada o no por la Mesa Rectora, no agrada a Ali. “Esto supone someter el trabajo de los partidos a la decisión por mayoría absoluta, que tiene el PP en la Mesa Rectora, y me parece que esto le hace un flaco favor a las instituciones”.

El Gobierno baraja exigir que las propuestas de los grupos incluyan informe jurídico y económico