El Gobierno y las comunidades han acordado el traslado este año de 400 menores extranjeros no acompañados desde Canarias y Ceuta a la Península, a los que se añadirán 374 en 2023 ante la saturación que sufren los centros del archipiélago canario y de la ciudad autónoma, especialmente tras la entrada masiva de mayo de 2021.Canarias y Ceuta habían reclamado la activación del Plan de Respuesta ante crisis migratorias, porque sus sistemas de protección hacen frente a una ocupación por encima del 150% y pedían el traslado de 1.363 menores por parte de Canarias y de 182 por parte de Ceuta.

El Ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra y los Gobiernos autónomos han cerrado el acuerdo este miércoles en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. El pacto contempla un modelo para garantizar la acogida de menores no acompañados en situaciones de emergencia y establece que la comunidad receptora de los menores debe asumir entre un 25 y un 50% de la sobreocupación. Canarias, Ceuta y Melilla ya han recibido 15 millones de euros este año para atender a los menores inmigrantes no acompañados, se recuerda en el documento aprobado.

La ministra Ione Belarra ha agradecido la labor de Canarias, Ceuta y Melilla "que han asumido durante demasiado tiempo un sobreesfuerzo que hay que distribuir"

El acuerdo, que ha salido adelante con el voto en contra de Castilla-La Mancha y La Rioja, se traduce en asumir el 50% de la sobreocupación: 682 personas en el caso de Canarias (que en abril acogía a 2.288 menores no acompañados, según el Ministerio del Interior) y 92 personas en el caso de Ceuta (con 553 menores en sus centros). Se hará en dos tramos: 400 traslados este año (340 desde Canarias y 60 desde Ceuta) y el año que viene 374 (342 desde Canarias y 32 desde Ceuta).

Para financiar las plazas de acogida en las comunidades autónomas de destino se repartirán este año 20 millones de euros, teniendo en cuenta factores como la población, la renta per cápita, la tasa de paro o los menores ya atendidos.

Destaca el Ministerio que no solo es un sistema de derivación, sino que se garantizan recursos especializados en los puntos de llegada. "La aprobación de los Planes de Emergencia implica un acuerdo con las comunidades para declarar una contingencia migratoria cuando exista una sobreocupación del sistema de protección que aumente en más de un 50% el número de plazas ordinarias, ya sea por un flujo de llegadas continuo o puntual", ha explicado Belarra.El objetivo es garantizar el interés superior de los menores, con especial atención a los perfiles más vulnerables: solicitantes de asilo, niñas, víctimas de trata, con discapacidad y con necesidades de cuidados específicos de salud mental.

El único requisito obligatorio antes de cualquier derivación será la realización de la entrevista individual con su correspondiente informe; el menor habrá sido informado habrá expresado su acuerdo para el traslado por escrito

La ministra ha agradecido la labor de Canarias, Ceuta y Melilla "que han asumido durante demasiado tiempo un sobreesfuerzo que hay que distribuir". "Con los documentos aprobados pretendemos establecer un modelo de colaboración, solidaridad y corresponsabilidad", ha añadido.