El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que regulará la concesión directa de subvenciones para financiar actuaciones sociales y el funcionamiento de la planta desaladora de Ceuta, un total de 7,2 millones de euros que no se abonaron en 2019 y que finalmente sí se pagarán por parte del Estado este ejercicio

Estas subvenciones directas tienen, según el Ejecutivo de Sánchez, "un carácter excepcional" y se justifican "porque en ellas concurren razones de interés general, social y económico", tal y como lleva argumentando desde el ejercicio pasado el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, en cada foro que le ha reunido con representantes del Estado.

El Estado venía contribuyendo desde "hace varios años", mediante aportaciones específicas en los Presupuestos Generales del Estado, al sostenimiento financiero de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras de ambas ciudades autónomas, así como a la financiación de actuaciones sociales en dichas ciudades basadas hasta 2018 en el "impacto del hecho fronterizo.

Ceuta recibirá 3,9 millones para "financiar el mantenimiento de la plantas desalinizadora", concepto por el que Melilla percibirá 4,02, y 3,2 millones para "actuaciones sociales". Por esta vía la ciudad hermana percibirá el triple, 10,2.

Los Presupuestos de 2020 dejaron como indisponibles partidas por una cantidad equivalente a esos 7,2 millones, aunque en la segunda modificación de las cuentas públicas pendiente de aprobación definitiva se acordó activarlos con algunos cambios, como el medio millón que pasó de publicidad institucional a gastos por sentencias judiciales, situaciones extraordinarias y contingencias.