Una comisión interministerial con seis ministros trabaja para preprar la reapertura aun sin fecha de las fronteras de Ceuta y Melilla, una medida que depende también de la voluntad de Marruecos y que el Gobierno da por hecho que no se producirá antes del segundo trimestre de 2022. 

Según adelanta El País,  el Gobierno central trabaja en “cambios comerciales, socioeconómicos y de control fronterizo— para el nuevo escenario que se producirá entonces, y que será muy diferente al que existía antes de la pandemia”, independientemente de las decisiones que tome Marruecos. 

La citada comisión interministerial está formada por los departamentos de Presidencia, Política Territorial, Interior, Asuntos Exteriores, Hacienda, Sanidad y el servicio secreto CNI) trabaja con varios modelos económicos en sustitución del porteo, al que Marruecos puso fin unilateralmente en 2019. Entre esas posibilidades que adelanta el diario de tirada nacional están la posibilidad de apertura de aduanas comerciales, aunque tradicionalmente Marruecos se ha negado a abrirla en Ceuta y cerró abruptamente la de Melilla en 2018. “El Gobierno quiere convencer a Marruecos de que la existencia de estas aduanas no afectaría a su reivindicación territorial, pero las fuentes consultadas admiten que es improbable que Rabat lo admita”, señala El País.

Si Marruecos insiste en aislar a Ceuta y Melilla el Gobierno optaría por un modelo de “ciudades isla”, volcando los esfuerzos en la linea con la que trabaja el Gobierno de ceuta, aprovechando las ventajas de su régimen fiscal y el nuevo entorno creado por la revolución digital para atraer empresas de servicios y alta tecnología. “Esta opción, admiten las mismas fuentes, sería difícilmente compatible con la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera de la UE, otra de las opciones que se barajan, pues resultaría complicado mantener las ventajas fiscales”, señala El País.

Ceuta en Schengen

La inclusión de las dos ciudades en el espacio de libre circulación europeo acabaría con la excepción que permite la circulación de ciudadanos de la provincias de Tetuán y de Nador, y obligaría a pedir el visado en la frontera terrestre. Una posibilidad sugerida por  el Gobierno de Vivas y que abrazó el secretario de Estado para la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan González-Barba, tras la crisis fronteriza de mayo pasado en Ceuta. Según El País, los estudios realizados han puesto de manifiesto la dificultad de su puesta en práctica. “Requeriría el visto bueno de los demás socios del tratado Schengen y aumentaría previsiblemente la presión sobre el vallado fronterizo, admiten las fuentes consultadas”.

Más allá del modelo económico. De la frontera, la posible reapertura implica no olvidar la pandemia. Sería necesario estudiar la compatibilidad de los certificados covid expedidos por las autoridades sanitarias de Marruecos y la posible autorización de las vacunas inoculadas en el país vecino por parte de la Agencia Europea del Medicamento., así como la necesidad de vacunar a los trabajadores transfronterizos que cada día acudían a Ceuta y Melilla desde Marruecos.

‘Frontera inteligente’. Lo más urgente , pese a que se empezó a trabajar en ello mucho antes del cierre por la pandemia, son las obras de reparación y mejora del vallado, que van con años del retraso, y la llamada frontera inteligente, con cámaras de reconocimiento facial, controles informáticos de entradas y salidas por la frontera sincronizados con los controles de identidad en el puerto y helipuerto/aeropuerto, puerta de entrada al espacio Schengen. Una “frontera más segura pero de flujo menos ágil” que antes de su cierre.

Asilo y refugio. El Gobierno se plantea seriamente si le conviene aplicar el procedimiento de petición de asilo en frontera una vez que por sentencia judicial, los solicitantes de asilo, una vez que han registrado su petición y a la espera de la respuesta, tienen libertad para desplazarse desde Ceuta y Melilla a la Península. 

Modificar esta cuestión supondría habilitar espacios de retención en la frontera para esos días y contar con la disposición de Marruecos a aceptar las repatriaciones de los rechazados. Una cuestión más compleja es si, además, las autoridades españolas pasan a considerar a Marruecos como “país seguro” a efectos de protección internacional, pensando sobre todo en ciudadanos de terceros países.