El desbloqueo del pago de los 7,2 millones que Ceuta reclama al Estado por los convenios de cofinanciación de la desalación de agua y el hecho fronterizo, cantidad que también se reivindica por 2020 (en la parte que corresponda, pues la frontera directamente no existe desde mediados de marzo), no depende según el Gobierno central de la "voluntad política" de los de Sánchez sino de la elaboración de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado.

"Estando en un contexto de prórroga presupuestaria, se precisa un instrumento normativo que permita la formalización de los correspondientes convenios para ejecutar dichas subvenciones en el ejercicio", ha explicado el Ministerio de Hacienda en su respuesta a dos preguntas al respecto de los senadores David Muñoz Arbona (PP) y Yolanda Merelo (Vox).

Según el Ejecutivo central, "la situación actual hace que se estén priorizando las actuaciones orientadas a combatir la crisis sanitaria generada por el COVID-19" y en lo tocante a la reivindicación económica del Gobiernoo de Vivas "la concreción de las partidas presupuestarias se acordará, como es habitual, en el marco del procedimiento de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado".

Los convenios entre la Administración General del Estado y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla con el objeto de la financiación de los costes de funcionamiento de las plantas desalinizadoras y sobre el hecho fronterizo son "subvenciones nominativas", tal y como recuerda el Ministerio en su contestación.

“Estos convenios y la liberación económica de los mismos, ya estaban aprobados en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. No sirve la mera excusa de que la concreción de las partidas presupuestarias se acordará en el marco del procedimiento de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado”, afirma Muñoz Arbona.