La consejera de Fomento, Susana Román, que accidentalmente se hace cargo también de las áreas de Economía, Hacienda y Recursos Humanos, ha puesto voz este lunes al rechazo del Grupo Parlamentario Popular a encargar una auditoría externa privada integral de los últimos 12 ejercicios económicos de la Ciudad Autónoma, como ha propuesto solicitar el diputado Rachid Ahmed.

Román ha recordado que los técnicos municipales, "independientes", ya tienen como misión velar por el uso que se da al dinero público; que el Tribunal de Cuentas revisa todas las anualidades de la Administración local; y que, además, el Ejecutivo ceutí manda "cada 3 meses" todos sus números al Ministerio de Hacienda. Así las cosas, ha equiparado la moción de urgencia un "capricho" de alguien que "durante más de siete años ha estado levantando la mano a favor" hasta que "un día se levantó y se dio cuenta de que no estaba donde quería y se hizo tránsfuga quedándose con el escaño".

La respuesta, aunque Román ha dicho no querer ser "ácida", ha sublevado a Ahmed, que entendía que con su iniciativa, "con la que Emilio Carreira parecía haber recogido el guante", se avanzaría en "transparencia". "Ha llegado la hora de la verdad, de ver cómo levantan la mano tras años diciendo que las cosas van bien, que hay superávit, que la deuda viva baja...", ha retado el ex Popular a sus antiguos compañeros de filas.

Además, el diputado ha devuelto lo que se tomó como una ofensa "personal" a Román comparando su salida del Grupo Popular con la de la consejera "del GIL". Román se ha mostrado de poder explicar "por fin" qué hizo ella con los de Sampietro: "Yo fui gerente del ICD durante algo más de un año por titulación y experiencia profesional pero no quise ser afiliada, aunque hubiese ido en un puesto muy alto de aquella lista, pero usted sí fue afiliado del PP y se ha quedado con une escaño que no le corresponde", ha afeado la miembro del Ejecutivo.

Ahmed ha recordado que legalmente el escaño es del electo y ha invitado a quien piense lo contrario a reclamar ante los Tribunales. Además, ha lamentado que el PP haya "arriado la bandera de la transparencia" a la hora de permitir "la contratación de una empresa privada especializada que goce del reconocimiento, garantías y reputación suficientes para la correcta realización del trabajo que verifique si se ha cumplido con la legalidad vigente en la gestión de los recursos públicos".