CATEDRÁTICO

El Gobierno desprecia a Intervención y Contratación y avala la inyección de 1,4M a Trace con un informe externo

El Gobierno desprecia a Intervención y Contratación y avala la inyección de 1,4M a Trace con un informe externo
kissy chandiramani
Kissy Chandiramani durante el Pleno celebrado en el Revellín./archivo
La Consejería de Hacienda y Economía ha reaccionado a la denuncia de MDyC con un comunicado en el que asegura que el intento de insuflar 1,4 millones de euros a Trace es legal porque lo dice un catedrático externo, obviando el no de Intervención y Contratación y sorteando así la fiscalización obligatoria de estos órganos tal y como ya pretendió consagrar hace sólo unas semanas en el cambio de estatutos

El Gobierno de la Ciudad ha reaccionado a la denuncia pública realizada este martes por la líder del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta (MDyC), Fátima Hamed, en la que cuestionó la legalidad del nuevo plan de servicios aprobado en Acemsa para Trace y que supone de facto inyectar a la empresa 1,4 millones de euros. Hamed cuestionó la legalidad del paso dado por la empresa municipal al contar, según su versión, con informes en contra del mismo de Intervención y del área de Contratación del Gobierno. El Ejecutivo de Vivas ha defendido la actuación mediante un comunicado a los medios y lo ha hecho despreciando la negativa a la operación de sus propios servicios de fiscalización y blandiendo un informe jurídico externo que avalaría la operación.

“El expediente de dicha reestructuración cuenta con la asesoría de un gabinete jurídico especializado en derecho administrativo que emitió un dictamen favorable, a cargo del jurista y catedrático en Derecho español, Tomás Ramón Fernández, por el que determinaba que se podía aplicar la cláusula 36 del Pliego de Prescripciones Administrativas del contrato para la limpieza pública y que, de acuerdo a dicha cláusula, es posible llevar a cabo la reestructuración del servicio siempre y cuando se respeten los precios unitarios y se mantenga el equilibrio financiero de la empresa” , reza el comunicado de la ciudad.

El Gobierno da así mayor relevancia al asesoramiento externo recavado de este catedrático que a los informes de Intervención y Contratación que según MDyC dictaminaron que lo que pretendía el Gobierno con el contrato de Trace no era viable.

La denuncia del MDyC y la defensa en forma de enroque del Gobierno llega sólo semanas después de que el Consejo de Administración de Acemsa intentara aprobar una modificación de sus estatutos para ampliar sus competencias y de paso saltarse la fiscalización legal de Intervención y de la Secretaría Municipal pudiendo designar la propia empresa a sus fiscalizadores, cuando en realidad el puesto de interventor y de secretaria son puestos de habilitación nacional, los designa el Estado y ni tan siquiera la Ciudad Autónoma.

En la defensa de la inyección de 1,4 millones de euros por parte del Ejecutivo a Trace por intermediación de Acemsa, el Gobierno coincide en su argumentario con el sindicato UGT, que no ha dudado en salir en defensa de la empresa. Así, la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública que dirige Kissy Chandiramani se escuda en los 50 puestos de trabajo que alimentaría esa inyección de casi millón y medio de euros:

“La situación excepcional causada por la enfermedad del coronavirus ha motivado un refuerzo del servicio que supondrá, a su vez, ampliar el número de efectivos disponibles en 50 trabajadores a lo largo de todo el presente ejercicio”, recoge el comunicado gubernativo.

Aunque ni tan siquiera está claro si Trace cumple con la contratación de personal a la que le comprometía el pliego de prescripciones del concurso que se llevó para gestionar la limpieza pública viaria y la recogida de basura y desde que se lo llevara hayan sido constantes las voces críticas que han denunciado una importante reducción de plantilla sobre la que gestionaba el anterior concesionario del contrato.

Aún así, el Gobierno insiste: “Más del 90 por ciento de la cuantía dirigida a reforzar el servicio de limpieza está destinada a sufragar los costes de personal”.

Y suma otro argumento más para defender la operación, que no cuenta con el visto bueno de Intervención y que por tanto difícilmente será abonable a la empresa, dado que es este organismo uno de los últimos que tiene que firmar para que el pago se ejecute.

“Se ha seguido al detalle y de manera escrupulosa el procedimiento para la reestructuración del servicio con el único objetivo de atender las nuevas necesidades en materia de limpieza originadas por la pandemia de la covid 19 y, al mismo tiempo, prescindiendo de otras actuaciones no necesarias como las relativas a las distintas festividades que suponen concentración de personas”, añada el comunicado.

Es decir, que el Gobierno inyectaría este dinero a Trace para suplir con trabajos de desinfección los denominados servicios especiales que se prestan para limpiar en Feria, Semana Santa u otras festividades que conllevan un mayor trabajo de limpieza de zonas y áreas muy específicas.

Trabajos de desinfección de espacios públicos que desde el inicio de la pandemia han venido realizando no sólo Trace sino también Tragsa y Obimace.

El Gobierno desprecia a Intervención y Contratación y avala la inyección de 1,4M a Trace con un informe externo


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