La carta que llegó el pasado jueves a Presidencia ha sido hdada a conocer cuatro días después a los grupos de la oposición. En ella no se ofrecen datos concretos, algo a lo que se ha agarrado el Gobierno para continuar profundizando en la polémica. Ahora quieren que sea la nueva ministra quien de viva voz informe a Vivas sobre los datos exactos de la reorganización del Ejército en lo que concierne a Ceuta.

Hasta entonces la portavoz del Ejecutivo lo tiene claro y hoy ha seguido insistiendo en que en Ceuta se restarán efectivos, a pesar de lo dicho la semana pasada por Delegación del Gobierno, el ex ministro Alonso y diversos medios de comunicación nacionales y locales. “En ese texto (por la carta de Alonso) no se concreta el número de efectivos o la reducción concreta en un número determinado en el caso de Ceuta en esa reestructuración”, insitió el martes Yolanda Bel.

Así las cosas, el Gobierno a través de su presidente ya le ha pedido a la ministra que concrete. Pero hasta que esos datos lleguen a la Ciudad Autónoma, lo que quiere Vivas es que se paralice la reorganización en lo tocante a Ceuta. En la Junta de Portavoces del martes se planteó la posibilidad de que esa petición saliera del Pleno de la Asamblea aprobada por todos los grupos, pero una vez más PSOE y UDCE han abogado por esperar a la Junta Ordinaria del viernes y ver si en ese tiempo se concretan los datos en lo tocante a Ceuta. Aunque todo apunta a que esos datos tardarán aún unas tres semanas en concretarse, dado que será para entonces cuando Defensa apruebe el plan concreto en todas sus dimensiones. Si el viernes saliera algún documento para elevarlo a Pleno sería en los mismos términos que la carta enviada por Vivas a Carme Chacón.

La portavoz del Gobierno por su parte no ha querido concretar cuántas cartas ha recibido el Gobierno de afectados por esta reorganización, a pesar de lo que ha insistido en hablar de desasosiego social y de una amplia preocupación ciudadana que se puede palpar en la calle. Bel no ha llegado a concretar ni tan siquiera si se han recibido cartas de afectados, a pesar de que se le ha preguntado insistentemente. Una actitud, de falta de claridad, que contrasta con la que le exige el Gobierno local al Ministerio de Defensa.