El Gobierno de Vivas ha salido al paso de la denuncia conjunta de los representantes sindicales de UGT, CCOO y CSIF, que este miércoles comparecían para alertar de “irregularidades” en el procedimiento selectivo seguido por el Organismo Autónomo Servicios Tributarios de Ceuta (OASTCE) para la provisión de seis plazas de administrativo por el sistema de concurso-oposición y por promoción interna. Irregularidades de las que responsabilizan a la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, acusando a la consejera de “injerencias” en el proceso selectivo al anular por decreto la resolución del Tribunal Calificador.

Injerencias políticas que niega la Ciudad en un comunicado de cuatro puntos en el que rechazan que haya  interés de beneficiar a alguno de los aspirantes por encima de cualquier otro. El motivo de la anulación de la resolución definitiva del Tribunal Calificador es que, explica el comunicado, a juicio del informe realizado por un técnico del OASTCE, es “contraria al ordenamiento jurídico”. 

“El informe estimaba en su totalidad una de las alegaciones y parcialmente la otra de las presentadas, debiendo ser anulada, en consecuencia, la referida resolución del Tribunal Calificador al considerarse contraria al ordenamiento jurídico”. 

Las preguntas anuladas y las distintas alegaciones según el Gobierno son además distintas a la versión el sindicato. No son cinco sino tres las anuladas y una “readmitida”. Así lo explica el Gobierno en su comunicado: “Que la estimación de las alegaciones supuso la readmisión en el ejercicio de la fase de oposición de una de las preguntas contenidas en uno de los supuestos; la anulación, por ser contrarias a las bases de la convocatoria, de tres preguntas de otros tantos supuestos (debiendo ser sustituidas por las preguntas de reserva correspondientes); y la retroacción de las actuaciones al momento inmediatamente anterior a la corrección del ejercicio de la fase de oposición realizada por el Tribunal Calificador en su sesión celebrada el 14 de octubre de 2021”.