“Si alguien ha aprendido con esto la lección de que el honor vale algo más que un puñado de dólares o de votos nos vamos a dar por satisfechos. Hay una cosa que el Gobierno no quiere hacer que es seguir judicializando la vida política”, así de poético ha dejado claro el portavoz del Gobierno, Emilio Carreira, que a pesar de que su jefe, el presidente Vivas crea que se ha atacado de “forma injusta e injustificada” a su figura, la de otros cargos públicos y hasta la de algunos funcionarios el Ejecutivo no va a usar el auto de Urbaser para denunciar vía judicial a quienes escribieron o verbalizaron esos ataques, hoy demostrados falsos.
A pesar de que instantes antes de zanjar el asunto y descartar la vía de los Tribunales, Carreira había vuelto a recorrer de forma mucho más exhaustiva “la injusticia injustificada” de su jefe el día antes:
“Quién ha dicho que este es un Gobierno de corruptos, de prevaricadores y que malversa fondos públicos tendrá que dar cuenta de sus afirmaciones. Se llame como se llame, porque eso ha quedado acreditado que no es cierto. Y todo lo que no se puede demostrar en un estado de derecho es porque no existe y porque ha nacido de una mentira, de una calumnia, de una injuria y de un infundio”, ha repasado el diccionario de sinónimos y el penal el portavoz del Ejecutivo.
Pero más bien las reiteradas llamadas a que “alguien tendrá que explicar porque ha dicho todas las cosas que ha dicho” iban en el sentido de pedir explicaciones políticas por el asunto con la misma insistencia que en su día Carracao se las pedía al Gobierno por la liquidación, aún en controversia contable y administrativa, del contrato con Urbaser.
“Yo les aseguro que me voy a convertir en la mosca cojonera del señor Carracao, y que el tiempo que me quede, no de vida, de vida política me voy a dedicar a requerirle que cuente la verdad y dé esas explicaciones y le voy a inqurir ‘¿usted cuándo va a dejar de ser un cobarde y le va a decir a los ceutíes la verdad?¿por qué hizo todo esto?¿quién le ayudó?¿Y con qué intereses?”, ha marcado Carreira.
El portavoz del Gobierno ha insistido en la teoría del montaje contra el Gobierno y contra Vivas cuya “finalidad” era “cambiar el estado de las cosas, pero no para defender los intereses de Ceuta, sino de unos pocos, de muy poquitos (…) Aquí alguien o algunos han intentado abrir una causa general, personas o grupo organizado, hasta se pusieron un nombre, y responsables políticos unieron sus fuerzas por intereses comunes; pero no era para modificar o mejorar la gestión de los residuos sólidos urbanos, sino para mejorar sus posiciones iniciales que tenían y así pasar de la oposición al Gobierno, el que tenía menos influencia tener más influencia o de tener peores contratos a tener mejores contratos”, ha aleccionado Carreira.
Pero más allá del ruido de las declaraciones altisonantes que se escuchan estos días, en consonancia con las acusaciones de los meses atrás, no parece que los verbos se vayan a convertir en tamtanes de guerra.
“Quien inicio la guerra fue el que dijo que yo malversaba. Pero aquí nadie declara la guerra a nadie. El Gobierno va a seguir colaborando con todo el mundo y respetando los procedimientos”, ha zanjado Carreira. Eso sí, el respeto a los procedimientos es precisamente lo que está dejando al diario implicado sin los centenares de miles de euros que habían sostenido la cabecera en cursos anteriores.
Al margen del pequeño ajuste de cuentas en lo dialéctico, Carreira ha repasado de nuevo la cronología de la disputa con Urbaser, poniendo el acento en un matiz crucial ahora que ya no hay responsabilidad penal alguna sobrevolando la discusión: Es el propio informe del técnico, Cuenca, el que da origen a todo esto y el que señalaba que podían haberse llegado a pagar hasta 12 millones de euros de forma indebida, el que señala que procedimentalmente el momento de aclarar la cuestión era ese y no antes.
Lo que traducido a la disputa política invalida el argumento usado el mismo martes por Carracao al señalar que si los finalmente 5 millones que el Gobierno cree que no debió cobrar Urbaser se hubieran no pagado en su momento, se podrían haber realizado otras actuaciones de mayor interés social como viviendas o planes de empleo. No parece posible al hilo de la afirmación del propio técnico y más si se tiene en cuenta que la empresa aún no ha liquidado el contrato y también tiene pendiente de cobro otras cantidades incluso superiores a las reclamadas por la Ciudad.
“El Gobierno tiene hoy auténtica tranquilidad, la misma que durante todo este tiempo en el que hemos soportado la presunción de culpabilidad y Carracao daba una rueda de prensa cada media hora”, ha defendido Carreira para evidencia confianza en la gestión realizada por el Ejecutivo.
