Nada cambia, solo la nomenclatura. El Gobierno, al estilo ‘catenaccio’, da una patada a seguir tras la sentencia del Tribunal Supremo que a instancias de UGT obliga a la Ciudad a cesar a los siete viceconsejeros y los renombra como “asesores delegados” en cuatro de los casos y en otros dos, Medio Ambiente Economía, Hacienda y Turismo, pasan a ser directores generales.

Dos semanas después de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena eliminar las viceconsejerías, el Gobierno acata la sentencia cambiando de nombre el cargo de viceconsejería por el de “asesores delegados” pero manteniendo la estructura del ejecutivo en lo fundamental. Una figura cuyas funciones y atribuciones no irán más allá de la cualquier personal eventual pese a ser "asesores delegados", apellido que en este caso no supone atribución ni diferencia alguna con el resto de asesores, ha precisado el portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán.

Asesores que, al menos en dos de los casos, pasarán a ser directores generales: Medio Ambiente y Patrimonio Natural, que dirigirá Alfonso Conejo y Economía, Hacienda y Turismo, que ostentará Alejandro Ramírez.Los cuatro restantes, cuyas funciones serán las del personal eventual, deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad con los correspondientes 15 días de publicidad. De los siete viceconsejeros se cae un nombre, María del Mar Sánchez, que queda fuera de la estructura del Gobierno. Del resto, los dos directores generales conocen ya su cargo, los cuatro restantes tendrán que esperar a conocer su encaje en el Gobierno.

Fuentes de UGT consultadas por Ceuta al Día arquean la ceja al escuchar la solución adoptada por el Gobierno y recuerdan que, como en el caso de los directores generales demandados, los dos nuevos tampoco son funcionarios, por lo que su nombramiento sería también ilegal. Además, subrayan desde UGT, de este modo son 20 los asesores del Gobierno mas los 20 directores generales, cuarenta altos cargos del Gobierno,

Una estructura ilegal para UGT pero que según el Gobierno se apoya en el marco normativo del Estatuto de Autonomía y de los nuevos regalentos aprobados con posterioridad al caso denunciado en el que el Supremo ha dado la razón a UGT y que afecta un puesto concreto de 2013 y de una viceconsejera que ya no está, explica Alberto Gaitán, portavoz del Ejecutivo.