"MÁXIMO RESPETO"

El Gobierno "no opina" sobre el procesamiento de Hachuel pese a las críticas al caos de la Ciudad

El Gobierno "no opina" sobre el procesamiento de Hachuel pese a las críticas al caos de la Ciudad
hachuel vivas
Hachuel y Vivas, en una imagen de archivo.
El Ejecutivo de Vivas se limita al "respeto máximo a las decisiones judiciales" aunque la Audiencia duda de si el ex consejero pudo ser "utilizado por terceros" para conseguir librar de la inhabilitación a dos policías condenados. El año pasado la Sala ya denunció el "caos" del proceso y "la emisión de informes, propuestas de resolución y una resolución final tan alejadas de ello en una Administración dotada de medios personales nada despreciables”.

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas "no opina" sobre el auto de la Audiencia Provincial que ha ordenado procesar al ex consejero de Gobernación, Jacob Hachuel, por las actuaciones que derivaron en el archivo del expediente disciplinario abierto a dos policías locales condenados por dar, en 2005, una paliza a un sexagenario. Según fuentes del Ejecutivo, este no se va a mover del "respeto máximo a las decisiones judiciales" ni se va a "inmiscuir" en "un procedimiento abierto aunque se haya archivado ya dos veces".

El Gobierno local no opina a pesar de que, en las 22 páginas de su resolución, la Sala vuelve a señalar con dedo crítico con dureza por segunda vez en apenas un año y medio cómo funciona la Administración autonómica.

La Audiencia revocó el primer archivo del caso, que investiga la presunta comisión de un delito de prevaricación, lamentando la “confusión” generada a lo largo de toda la tramitación de un expediente en el que, “consciente o inconscientemente, se han entremezclado desde un primer momento dos extremos: el que las dos penas de inhabilitación especial supusieran o no la pérdida de su condición profesional y el que los mismos hechos por los que fueron condenados constituyeran unas infracciones administrativas susceptibles de castigarse en dicha vía de forma independiente”.

“Lo verdaderamente importante”, remarcó en marzo del año pasado, es “determinar cómo algo tan relativamente sencillo como era si los dos agentes habían cometido o no una infracción administrativa” generó en la Ciudad Autónoma “una tramitación tan caótica y la emisión de informes, propuestas de resolución y una resolución final tan alejadas de ello en una administración pública dotada de medios personales nada despreciables”.

Esta vez, la Audiencia ha concluido que en el juicio oral habrá de determinarse "si todo se ha debido a un despropósitocontinuado por dejadez, a la ignorancia en aspectos administrativos esenciales de los organismos de la Ciudad o a la voluntad deliberada de salvaguardar a los dos policías locales y, en este último caso, si el investigado fue realmente consciente de ello o ha sido utilizado por terceros que se han valido de él como un instrumento".

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