El Gobierno local llamó a la Policía Judicial de la Policía Nacional cuando en el último Pleno de la Asamblea algo más de una decena de sindicalistas desplegaron una pancarta para protestar por la situación que viven los centros de menores, en especial el de Punta Blanca.

Comisiones Obreras había logrado que la nueva responsable del área, tras el cese de Gordillo, la consejera de Asuntos Sociales, Carolina Pérez, se comprometiera a contratar de forma urgente a al menos tres personas para Punta Blanca. En el centro, según la versión del sindicato los vigilantes están teniendo que extralimitar sus funciones ante la falta de personal educador.

Pero las buenas intenciones que dieron incluso lugar a un aplauso público de Comisiones a la consejera a través de una nota de prensa, se quedaron en nada. Y las contrataciones no se llevaron a cabo. Para presionar la sección sindical de Comisiones Obreras en la Ciudad Autónoma, aunque con algunas ausencias, se plantó en el Pleno de la Asamblea durante la sesión de debate presupuestario y desplegó una pancarta.

La acción sentó muy mal al Gobierno que decidió llamar a la Policía Judicial con la intención de identificar a los sindicalistas que en absoluto silencio desplegaron una pancarta. El Gobierno en un principio decidió estudiar la posibilñidad de abrir expediente a los policías locales que tenían como encomienda esa mañana vigilar el acceso al salón de Plenos.

La medida emprendida por el Gobierno choca con otras situaciones pasadas en las que se han vivido situaciones similares sin que la sangre llegara al río. Sin salir del mismo área, el mes de febrero de 2009, prácticamente la plantilla al completo de Punta Blanca se plantó en el salón de Plenos, sin desplegar pancarta alguna hicieron sentir su presencia y su presión sobre los parlamentarios de la oposición, concretamente el líder de UDCE, Mohamed Alí, que aquel día llevaba a la sesión una enmienda relacionada con las supuestas torturas denunciadas por Comisiones Obreras en el centro de Punta Blanca.

En aquel entonces el Gobierno no llamó a la policía judicial ni estudió abrir expediente alguno. A pesar de considerar la medida desproporcionada desde la sección de Comisiones de la Policía Local se han mostrado tranquilos, al conocer por boca del responsable del área, el consejero de Gobernación, José Antonio Rodríguez, su voluntad de que el asunto no vaya a mayores.