La consejera de Medio Ambiente, Kissy Chandiramani, ha querido encarar este martes su primera crisis con el servicio de limpieza pública y recogida de basuras con espíritu constructivo, haciendo propósito de enmienda y sin querer chocar ni con la plantilla que no trabaja ni con la empresa que no paga ni con la ciudadanía que sufre las consecuencias.

"Pedimos disculpas", ha dicho en nombre de todo el Gobierno de Vivas, "a los trabajadores de Trace por esta situación de desasosiego y de mucha paciencia que tienen con la empresa y con la Ciudad por el retraso en el cobro de las nóminas; también a la ciudadanía, ya que con el paro se ha visto afectada la recogida de basuras y el baldeo de las calles, que genera situaciones complicadas y difíciles, más con este calor".

El Ejecutivo local del PP ha hecho suyas casi todas las culpas del conflicto: "Este lunes la Ciudad realizó la transferencia del pago de la certificación de abril y la empresa inmediatamente hizo las suyas a los trabajadores, que si tienen cuenta en el mismo banco ya han cobrado y si no, por la operativa electrónica, no, ya que además es muy complicado acelerar el proceso", ha argumentado.

La plantilla sigue firme, sin embargo, en su postura de no volver a las calles si el dinero no está disponible para todos: "Si no cobramos, no trabajamos", han repetido desde el Comité de Empresa a última hora de la tarde. El presidente ha pedido sin éxito a los operarios que cediesen y la consejera ha contactado con directores de sucursales, pero tampoco ha logrado acelerar los ingresos.

Chandiramani ha asegurado no saber por qué los pagos no se han efectuado vía Banco de España, lo que supuestamente hubiese garantizado la disponibilidad inmediata de las nóminas de junio, ni si la Ciudad va a descontar a Trace el trabajo que no ha hecho este martes, algo que deberá decidir "la Dirección Facultativa".

Lo que sí tiene claro el Ejecutivo es que debe "agilizar" sus pagos y que le conviene librarse cuanto antes de Trace, a ser posible "a coste cero" pese a que la contraparte ha exigido unos 12 millones para cerrar cualquier pacto. Sobre el primer tema ha habido una reunión con todas las partes implicadas, Intervención incluida, cuyo trabajo ha defendido y avalado la consejera. En relación con el segundo, el Gobierno ha renovado una vez pasadas las elecciones sus votos para "resolver por mutuo acuerdo el contrato" sin horizonte concreto "porque la calidad del servicio no es la que queremos y los ciudadanos reclaman".

Intentará conseguirlo "siempre cumpliendo con la ley y con el interés general como faro para tener unos servicios como los que la ciudadanía y el Gobierno quieren". El futuro de la concesión podría pasar por una nueva licitación o, si del PSOE, el MDyC y Caballas dependiera, por su municipalización, una opción que el PP dio durante años por imposible y que Vivas solo descartó en campaña porque pondría en riesgo la subrogación de personal, extremo sobre el que no todos los expertos coinciden.