El Grupo Parlamentario Popular ha aprobado inicialmente este martes en el Pleno con la oposición frontal de PSOE, Caballas y MDyC y la abstención de Ciudadanos (C's) la implantación de nueva tasa que conllevará para el importador el pago de 0,15 euros por kilogramo de “prendas y complementos de vestir y sus partes, mantas, ropa de cama, mesa, tocador o cocina, artículos de tapicerías, calzado, sombreros y demás tocados, que cumplan alguna de las condiciones siguientes: tener señales apreciables de uso o presentarse a granel, balas, sacos, bolsas, fardos o acondicionamientos similares”.

El nuevo tributo inicia su camino, según ha reconocido el propio Ejecutivo de Vivas, con pocas esperanzas de que llegue a aplicarse, al menos en la redacción literal con la que ha nacido.

Traducido, según ha resumido Román, el objetivo es gravar esos "bultos, fardos o balas" que traen "ropa usada, china, ya empacada y con destino directo a Marruecos a través del Tarajal", donde se pretende combatir con firmeza la defraudación fiscal y la imagen tercermundista de explotación que da al mundo ver a hombres y mujeres, a veces ancianos, bajo enormes paquetes con mercancías.

Ante la ferocidad de las críticas de la oposición, que en el caso de Caballas y de Aróstegui ha llegado a tildar de "ida de olla" el mero planteamiento de la nueva tasa, Román ha aceptado que la tramitación del expediente puede dejar un resultado final "radicalmente distinto" al votado este martes, aunque ha llamado a todos a avanzar hacia la ordenación de la "situación anómala" de una frontera por la que cruzan "a diario" unas 25.000 personas y más de 10.000 vehículos.

El PSOE ha hecho hincapié en la "falta de diálogo" con los empresarios del sector, unos 25, aunque Román ha asegurado que de este tema lleva hablándose "mucho tiempo", con gravámenes de "hasta 5 euros por kilogramo". La consejera también ha negado al socialista que las empresas afectadas mantengan doscientos empleos, "menos todavía si hablamos de puestos de trabajo legales".

Caballas ha incidido en la necesidad de actuar con "rigor" hssta cuando se busca un objetivo "compartido" como el de mejorar la situación de fronteras y polígonos. Aróstegui ha augurado que el tema acabará en los Tribunales porque "no se puede obligar a unos empresarios a pagar unos servicios que reciben todos como el de la limpieza de Obimace".

Un 60% de defraudación media en la declaración de valor

Román ha intentado reforzar su posición asegurando que en un año se han detectado en el puerto casi 700 declaraciones de importación fraudulentas y que el valor confesado distó, de media, un 60% del real, en algunos casos "hasta un 280%". Hernández ha reclamado "más recursos" para combatir el fraude fiscal y ha argumentado que "no es lo mismo el sector de la ropa usada en general de la china". "Hay que ayudar a los empresarios buenos y luchar contra quienes se dedican a la corruptela", ha reclamado.

"Es ilegal, porque no pueden determinar ni cuantificar el hecho imponible, decir que unos pocos empresarios del Tarajal tienen una actividad que genera unas consecuencias y unos gastos por los que queremos resarcirnos", ha argumentado Aróstegui, que ha propuesto "considerar un tamaño de paquete en régimen de viajeros y otro expedición comercial para que los fardos exagerados compliquen las cosas".

La portavoz del MDyC, Fatima Hamed, ha reclamado también sin éxito que la iniciativa no llegase siquiera a votarse y Varga, de Ciudadanos, ha "valorado" que el Gobierno de Vivas afronte "el problema".

La consejera ha "agradecido" a todos los grupos el "tono" utilizado durante el debate y ha explicado que él Pleno será el competente para determinar "qué prendas deben someterse a la tasa y cuáles no". "Todos debemos entender que la lucha contra el fraude es una necesidad y Servicios Tributarios va a abrir un punto de control en el Tarajal", ha resumido Román, que ha pedido "un voto de confianza para una medida que, cuando quede definida, será útil para acabar con esa imagen tan tremenda de los polígonos".

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