El Gobierno de Vivas se mantiene firme en su posición respeto al enjuiciamiento de la vicepresidenta y consejera de Presidencia del Ejecutivo local, Mabel Deu, y de la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, por la repatriación de medio centenar de menores en agosto de 2021 sin ajustarse a la legalidad.

El portavoz del Ejecutivo, Alberto Gaitán, ha insistido en que el Gobierno “acata y respeta” las decisiones judiciales, como no puede ser de otra manera, pero insiste también en el mensaje que ya mandara el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que asumió la responsabilidad la orden de expulsión de los menores. “Se actuó de buena fe”, ha recordado Gaitán,  que ha enmarcado la decisión en “una situación de emergencia humanitaria”.

En todo momento, el Gobierno actuó dentro del marco del acuerdo firmado entre España y Marruecos para la devolución de menores extranjeros no acompañados por lo que, al contrario que la jueza de Instrucción que ve una vulneración “grosera” de la Ley, el Gobierno de Ceuta considera que las actuaciones se ajustan a la legalidad.