El Gobierno de Ceuta ha vuelto a cambiar de criterio sobre qué hacer con el PGOU aprobado inicialmente hace un año. Tres semanas atrás, anunció que revocaría ese paso contra la opinión del criterio del arquitecto municipal. Este jueves, la Consejería de Fomento ha desistido de la intención de hacerlo "después de haber llevado a cabo una reflexión más profunda sobre las consecuencias que acarrearía ese paso".

Según ha informado el Ejecutivo local en un comunicado, el Consejo de Gobierno "reconsiderará" este viernes la decisión que adoptó el pasado 8 de agosto en ese sentido y, al término de esa reunión de presidente y consejeros, el titular de Fomento comparecerá en rueda de prensa "para dar cuenta detallada de las razones que han motivado el desistimiento de aquella intención, razones que se resumen en una: el interés general". Ese es exactamente el mismo argumento, "el interés general", que Néstor García había utilizado en entrevistas como la concedida a 'Radio Ceuta' hasta este mismo miércoles para defender dar el paso contrario, la revocación de la aprobación inicial.

"En primer lugar, desistiendo de la intención de revocar la aprobación inicial del PGOU, se evitará perjudicar inversiones públicas previstas que, para su materialización, requieren de la aprobación definitiva del documento en trámite", ha señalado el Gobierno.

Además, para los de Vivas "existe una razón relacionada con los plazos: si se siguiera adelante y llevara a término la revocación, habría que evacuar y recabar de nuevo los informes pertinentes y preceptivos de las distintas áreas de la Administración General del Estado implicadas, es decir, Carreteras, Defensa, Medio Ambiente y Costas". Estos trámites "consumirían no menos de seis meses e incluso hasta un año".

En cambio, analizado el calendario previsible teniendo en cuenta el procedimiento que está legalmente establecido, el nuevo PGOU, el resultante de seguir adelante con la tramitación en curso, "puede estar definitivamente aprobado en el plazo de un año, que es, además, el tiempo disponible, puesto que la suspensión de licencias tiene una caducidad de de dos años y ha transcurrido ya uno".

En cuarto lugar, y dado que las alegaciones presentadas son "de carácter sustancial", lo que Fomento hará es "abrir un nuevo periodo de información pública previo a la aprobación provisional del PGOU, una posibilidad que contempla la ley, para recoger lo no recogido en la aprobación inicial y, de esta manera, cumplir la aspiración de perfeccionar el documento y procurar una mayor audiencia a los interesados además de un mayor consenso político".

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