La guerra interna de VOX pone a la Asamblea ante un horizonte desconocido

No se recuerda precedente alguno en la vida política local que se asemeje a la situación por la que transita VOX. Un diputado de sus filas, Carlos Verdejo, desafió a su jefe de filas, Juan Sergio Redondo, con una rueda de prensa en la que cargó con dureza contra la dirección política del Grupo Parlamentario y de la formación. En los escenarios más habituales en la política, local y también nacional, a aquella declaración de guerra en toda regla en la que señaló las cuentas del propio grupo faltas de ética y transparencia -“prácticas de chiringuito” en el textual-, Verdejo habría salido del Grupo y probablemente del partido, bien por su propia voluntad o bien por un expediente de expulsión refrendado por la dirección nacional del partido e incoado en la sede local de la formación. No sucedió ninguna de esas dos opciones. El propio Redondo se apresuró a confirmar que su lugarteniente, hace bien poco, loado en los foros de la formación por su contundencia verbal a la hora de defender las propuestas de la formación, seguía integrado en la estructura orgánica del Grupo y del partido. Ningún reproche en forma de expediente, ni tan siquiera informativo. Sorprendente en general, más aún en un partido, que acusa una severa crisis de credibilidad de puertas para dentro, precisamente por la laminación sistemática de toda voz crítica con los manejos de cualquier dirección, ya sea regional o nacional. Trascienden los sonados casos de Macarena Olona o Espinosa de los Monteros, pero el mapa está plagado de estas situaciones. Y en ese escenario, la Asamblea de Ceuta ha vivido estos días un episodio nuevo, inédito en la historia democrática de la institución sobre la que reside la soberanía popular de los ceutíes. Verdejo ha presentado a la Junta de Portavoces una propuesta para debatir en el próximo Pleno de la Asamblea. Lo ha hecho presidiendo de la intermediación de su portavoz, Juan Sergio Redondo. Harto de que no le dejen hablar en los Plenos, ha decidido saltarse a la dirección política que le mantiene con el bozal puesto desde hace meses.

Este jueves, la Mesa de la Asamblea se reunió para afrontar la cuestión “ante lo insólito de que un diputado registre una propuesta sin ser portavoz”, refieren fuentes de la Ciudad. La Mesa ha determinado un procedimiento a seguir que no está en los manuales, ni en el reglamento, ni en ninguna parte porque no estaba previsto que algo así pudiera suceder. La iniciativa de Verdejo plantea un horizonte desconocido.

Y la decisión ha sido que esta vez, y se supone que las que vengan, se notificará la propuesta al portavoz del Grupo VOX, Juan Sergio Redondo, para que sea él quien firme, o no, la iniciativa. Posibilitando su debate en el Pleno o negándolo. Tiene 5 días para hacerlo.

Por si le quedan dudas, lo que ha pasado es que Verdejo ha presentado una propuesta, sobre la debida obligación de transparencia de los diputados, y como lo ha hecho sin contar con su portavoz, será la Mesa de la Asamblea, esto es: el presidente, Juan Vivas, el vicepresidente Primero, Melchor León (PSOE) y la vicepresidenta segunda, Fatima Hamed (MDyC), la que le informe a Redondo de que un diputado de su grupo ha presentado una propuesta, para que él decida si quiere que esa propuesta se debata o no.

En el entorno de Verdejo dan por hecho que Redondo “hará lo de siempre, no contestar”. En la decisión adoptada por la Mesa este jueves ese silencio se daría como una negativa y la propuesta no se desataría.

¿Qué ha propuesto Verdejo?

La propuesta planteada por Verdejo propone alcanzar un acuerdo a la Asamblea para mejorar la transparencia de sus diputados en la información pública que ya tiene obligatoriedad de presentar: la declaración de bienes.

Básicamente Verdejo quiere que el Gobierno “establezca un proceso de verificación de la veracidad de los datos presentados por los diputados en el registro de bienes e intereses ante la Secretaría de la Asamblea de Ceuta”. Algo que no existe a día de hoy y que entiende el diputado de VOX que “podría dar lugar a que algunos de ellos oculten o manipulen información relevante para el ejercicio de sus funciones”, según se recoge en la propuesta.

Lo que quiere Verdejo es que no alcance con rellenar un formulario a mano en el que cada diputado declare los intereses económicos, la renta que cobra, los pisos que tiene, etc. Si no que esa declaración pueda ser verificada después por un órgano independiente externo.

Y en caso de que se detecten “irregularidades o inconsistencias” en la declaración de un diputado, se le requeriría para rectificar los datos con un plazo determinado. Y si no lo hiciera o hubiera omitido información relevante, “se procederá a la apertura de un expediente que podrá dar lugar a la adopción de medidas disciplinarias o de otro tipo, según corresponda”, se lee en la propuesta de Verdejo.

Y todo, como hasta ahora, con transparencia y con las declaraciones y las verificaciones publicadas en la web de la Ciudad para que la propia ciudadanía pueda sacar sus conclusiones.

“Este proceso debe ir acompañado de un esfuerzo continuo por parte de la Asamblea para promover la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y la ética pública, desarrollando programas y actividades de sensibilización sobre la importancia de mantener altos estándares de integridad en el ejercicio de los cargos públicos”, cierra Verdejo su propuesta, que está fechada hace casi justo un mes, el 15 de febrero.

No se pronuncia ni Verdejo ni su entorno sobre el objetivo concreto de la propuesta, pero no parece muy complicado deducir que si alguien acusa a su jefe de desempeñar “prácticas de chiringuito” y a renglón casi seguido pide hacer más transparentes las declaraciones de intereses de los diputados, incluida la de su jefe, es porque algo le huele mal en esas declaraciones.