Hachuel confía en que la Ley de Transparencia acabe con el escamoteo de declaraciones de diputados


Hachuel confía en que la Ley de Transparencia acabe con el escamoteo de declaraciones de diputados

- Antonio López, Premi Mirchandani, José Antonio Carracao, Milagros García y José Manuel Ávila no han aportado sus declaraciones de bienes e intereses de salida de la anterior legislatura

- Este jueves entra en vigor para comunidades autónomas y ayuntamientos la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó a finales de 2013

El portavoz del Gobierno de Ceuta, Jacob Hachuel, ha asegurado este miércoles que el Negociado de Actas de la Ciudad Autónoma "insistirá" a los diputados que no han presentado su declaración de bienes e intereses de salida de la anterior legislatura (Antonio López, Premi Mirchandani, José Antonio Carracao, Milagros García y José Manuel Ávila) para que lo hagan, ya que ha dado por seguro que habrá sido un problema de "falta de tiempo" o "dejadez".

Algo muy similar a lo que ha contestado el secretario general del PSOE y líder de la oposición, Manuel Hernández, al ser preguntado por la falta de declaración de dos de los suyos, Carracao y García: "A ambos les habrá llegado la solicitud y el requerimiento para que entreguen en tiempo y forma su declaración de bienes. Las razones de cada uno sería cuestión de preguntarles a ellos. Nosotros sólo podemos decir que todos los diputados del grupo parlamentario que hemos entrado en esta legislatura lo hemos entregado en tiempo y forma la declaración", ha manifestado Hernández.

El consejero de Presidencia, Hachuel, ha reconocido que existe "un vacío" legal que impone a los políticos la obligación de dar cuenta pública al ser elegidos, cada año y al terminar su mandato ciudadano pero, al mismo tiempo, no aporta herramientas para obligarles "mediante una denuncia o demanda".

No obstante, Hachuel espera que a partir de este jueves la situación cambie. Las comunidades y ayuntamientos estarán obligados a cumplir la Ley de Transparencia a partir de este 10 de diciembre, dos años después de la aprobación de la norma y doce meses después de que tuviera que aplicarla la Administración central.

La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó a finales de 2013 pero entonces sólo entró en vigor la parte correspondiente al Buen Gobierno, en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos.

Para la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia y acceso a la información se fijaron dos plazos distintos: mientras que los organismos estatales tuvieron que aplicar la ley en su totalidad a partir del 10 de diciembre del año pasado, a las administraciones locales y autonómicas se les dio un año más de margen y estarán obligadas a cumplir la norma a partir de este jueves.

El artículo 75 de la Ley de Bases del Régimen Local, modificada en 2007, exige que todos los miembros de las Corporaciones Locales formulen declaración sobre las causas de incompatibilidad en que puedan incurrir, y sobre cualquier actividad que les proporcione efectivamente o pueda previsiblemente proporcionarles ingresos económicos y sobre los bienes patrimoniales de los que son titulares y de la participación en sociedades de todo tipo, con información de las sociedades por ellas participadas y de las liquidaciones de los impuestos sobre la Renta, Patrimonio y, en su caso, Sociedades.

Las declaraciones anuales de bienes y actividades deben publicarse “con carácter anual” y en todo caso “en el momento de la finalización del mandato”.

Hasta ahora la Junta Electoral Central, en diversos acuerdos, solamente ha establecido como criterio que “para tomar posesión del cargo de concejal es requisito necesario haber presentado la declaración de intereses de modo que su falta de presentación impide tomar posesión y adquirir la plena condición de miembro de la Corporación”.

No obstante, el electo que se encontrase en esa circunstancia conservaría su condición de concejal electo, puesto que ni la legislación electoral ni la de régimen local establecen plazo para la toma de posesión del cargo y lo que se pide es “comunicar la celebración de cada sesión plenaria a los efectos de, si viniere convenirles, efectuar la cumplimentación de los requisitos legales y reglamentarios”.

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