Casi medio año después de que el Gobierno de Ceuta aprobase la posibilidad de refinanciar viviendas de protección oficial a los adjudicatarios que viesen imposible hacer frente a sus pagos (debían sumar más de tres meses impagados), la diputada no adscrita Fatima Hamed ha alertado de que muchas familias tampoco pueden acceder a la fórmula que preveía acumular el capital pendiente de amortización en el momento de la solicitud y el importe de los vencimientos impagados sin considerar la posible bonificación aplicada a los mismos, incluyendo capital e intereses.

"Se fijó para ello el límite de 50 años, de modo que ampliando el plazo de pago los beneficiarios pueden establecer así una menor cuota mensual pero las personas que han acudido a tramitar esta refinanciación, a la que se han presentado 130 solicitudes, se encuentran con un problema que no hace sino agravar la situación", ha lamentado la política ceutí.

Según Hamed una vez conocidas las cuantías a pagar "las cifras se disparan con respecto a los intereses, que calculados al 5%, en los 50 años alcanzan cantidades superiores a los 200.000 euros, una cantidad que triplica el precio establecido de las viviendas, tal y como es el caso de algunas viviendas en las que teniendo como capital pendiente de pago poco más de 70.000 euros ven que, en el cuadro de amortización que se les facilita al acogerse a la refinanciación por un período de 50 años, tendrán que pagar 214.000 euros sólo en concepto de intereses".

"Esta situación está ocasionando que muchas familias desistan de su pretensión inicial de refinanciar sus viviendas primero por la escasez de sus recursos", ha asegurado la diputada, que ha recordado que son 3 los requisitos a cumplir para que se conceda esta refinanciación: a) que la renta de los miembros de la unidad familiar no supere el IPREM (532,51 euros mensuales); b) que la vivienda objeto de la solicitud sea el domicilio habitual del solicitante; y c) que ni éste ni ninguna de las personas empadronadas en la vivienda sea propietario de otra casa.

Además, "la cuantía definitiva a pagar por sus viviendas resulta excesivamente elevada". A juicio de Hamed "no se puede pretender incentivar y fomentar los pagos de las viviendas de protección oficial y por otro lado, plantear una cuantías asfixiantes teniendo en cuenta los intereses que se les van totalmente de las manos a las familias".

Por todo ello, la diputada ha instado a la Consejería de Fomento, a la que se adscribe el Negociado de Vivienda, a tratar este problema "lo antes posible" y "a plantearse la reducción de ese 5% de interés que se aplica en virtud de una normativa de hace más de 30 años y a ofrecer soluciones factibles a las familias que quieren pagar sus viviendas pero a las que la elevada cuantía que resulta de los intereses les imposibilita hacerlo".

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