El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha pedido este martes en un comunicado el "cese inmediato" de Francisco Márquez como consejero del Ejecutivo local por su gestión de la venta de una parcela de Huerta Molino a la familia Bulaix a cambio de 3 millones de euros, transacción frustrada por la que ahora la Ciudad reclama más de 800.000 euros a los adjudicatarios por incumplimiento de contrato.

Los de Fatima Hamed han lamentado en un comunicado que "el desgobierno de Vivas" vuelve con este expediente "a demostrar una vez más que su principal interés es hacer caja para poder cubrir los gastos que supone mantener una cohorte de aduladores que le rodea, dándole igual los métodos a los que tenga que acudir para alcanzar los intereses personales que le empujan, ya sea de plañidera en Madrid o de prestidigitador financiero ante el Tribunal de Cuentas".

Según el MDyC, que viene a reproducir los argumentos de la familia Bulaix que la Ciudad está segura de que volverán a naufragar en los Juzgados, un informe de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta (GIUCE) augura que "toda aquella agresividad verbal por incumplimiento de un contrato de una empresa se quedará en agua de borrajas, aunque seguirá insistiendo en recurrir y recurrir ante superiores instancias, pues las costas no las paga de su bolsillo".

El Consejo de Estado ha dictaminado que la empresa Edificios Clásicos del Revellín S.L. debía devolver a la Ciudad el terreno de Huerta Molino y pagar 825.000 euros.

Sin embargo, Hamed se hace eco de un informe de "finales de noviembre del año pasado", en el que la GIUCE, "viene a demostrar que el expediente de la venta del terreno podría haberse realizado sin un sustento legal, lo que provocaría retrotraer la operación e incluso la indemnización a la empresa compradora".

Según el informe de la GIUCE al que alude el MDyC, no facilitado a los medios, "existía un Plan Especial denominado PR-2 'Huerta Molino', y sobre éste se basaron dos Planes Especiales de una parte de ese sector". "El primero nunca se ha aprobado y los otros dos planes parciales se hicieron en abril de 1996 y en junio de 2005, por lo que para la GIUCE no existe cobertura urbanística para haberse tramitado y aprobar definitivamente un plan especial de menor rango”, refiere.

"En beneficio de un particular"

Además, supuestamente existían "sendos informes desfavorables a la aprobación de dicho documento, del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y del Ministerio de Fomento". Este último denunció que “el expediente está plagado de defectos de todo tipo, formales y sustanciales” y que “todo el procedimiento seguido hasta la fecha está viciado desde su origen, dado que no existe posibilidad legal alguna que ampare la elaboración de un instrumento de este tipo, sobre dichos suelos” porque “debe tenerse en cuenta que el PERI nº 2 al que debe someterse el que ahora se tramita no existe (…) y una actuación en beneficio de un particular está hipotecando a futuro todas las condiciones urbanísticas del PERI”.

"A pesar de constar todos estos informes, Vivas decidió poner a la venta un solar que no tenía la base legal para urbanizarse y en el que hay grandes diferencias en los metros de edificabilidad porque ya tenía previsto agarrar tres millones de euros, así que una nimiedad legal no podía estropear tan gran negocio", interpreta el MDyC.

La formación extraparlamentaria dice que así, "ahora nos encontramos con que la empresa viene a decir que se les ha 'estafado', pues se le vendió un solar sin acuerdo legal que les permita construir por lo que solicitan la anulación del contrato y una indemnización, cuestión que tendremos que abonar todos los ceutíes después de pasar por unas cuantas apelaciones, que también costearemos entre todos".

"Este es otro ejemplo más, en el que Vivas vuelve a anteponer otros intereses por encima del de todos los ciudadanos y ciudadanas; si desde un primer momento se hubieran seguido las instrucciones de los técnicos no nos encontraríamos ahora con este embrollo, típico de esta administración que sólo busca dinero para poder mantenerse", ha lamentado el partido, que se "reserva las acciones legales que estimemos oportunas por si estos hechos fueron constitutivos de algún delito".

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